A más de dos meses del hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar en el Crematorio Plenitud, ninguna autoridad ha sido separada de su cargo ni enfrenta proceso judicial, pese a las omisiones señaladas en el caso.
Mientras que únicamente tres trabajadores de las funerarias permanecen detenidos, los funcionarios de dependencias estatales continúan en sus puestos y los dueños de las funerarias vinculadas operan con normalidad.
Y es que, para las familias, este silencio institucional resulta una afrenta y “es doloroso”, según declaró a Circuito Frontera, Dora Elena Delgado, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
Además advirtió que la omisión oficial es ofensiva para quienes esperan respuestas sobre la responsabilidad de lo sucedido, pues se actúa como si nada hubiera pasado, pese a la magnitud de los hechos, pues el caso amerita suspensiones inmediatas de servidores públicos y una investigación a fondo contra las funerarias.
“Nosotros vamos a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo en respuestas, en soluciones. A nosotros nos preocupa que no existan carpetas de investigación (o al menos no lo sabemos) de los funcionarios y de los funerarios. O sea, ¿Qué está pasando? No entiendo”, indicó.
Protestas contra el silencio oficial
El colectivo, conformado por más de 130 familias, se han mantenido durante dos meses una serie de movilizaciones para exigir justicia por sus familiares, entre visitas a dependencias municipales y estatales, además de protestas pacíficas en diferentes puntos de la ciudad.
Entre sus demandas se encuentran: la ampliación del equipo forense, sanciones a funerarias implicadas, procesos contra autoridades omisas y la creación de una ley que garantice la protección digna de los restos humanos.
Cabe resaltar que este viernes 29 de agosto, los integrantes del colectivo realizaron un plantón frente a la funeraria Milagros para visibilizar a las empresas señaladas en la red de vínculos con el Crematorio Plenitud.
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Con veladoras y pancartas, denunciaron lo que llaman una “violencia y abandono institucional” contra sus seres queridos.
Mientras que este sábado 30 de agosto, liberaron durante dos horas las casetas de cobro del puente internacional Santa Fe, en solidaridad con la ciudadanía y como medida de presión contra el gobierno estatal y federal.
“Juárez no merecía esto. 386 cuerpos merecen dignidad”, “Sin reconocimiento y restauración del daño a las familias” y “386 cuerpos ya no tienen voz, pero tienen familias”, fueron algunas de las leyendas en mantas, camisetas y pancartas durante la protesta.
Delgado indicó que han visitado a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud y las direcciones de Protección Civil y Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, debido a las omisiones de todas estas dependencias.
Además que el miércoles pasado, una comisión de cinco representantes del colectivo viajó a la ciudad de Chihuahua para insistir en una reunión con el titular de la Fiscalía en el estado y exigir avances claros en el caso.
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Cabe resaltar que esta protesta se da en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado este 30 de agosto, en un país donde la impunidad se suma a la crisis nacional de desapariciones y al dolor de miles de familias que hoy alzan la voz.
Aunque la Fiscalía presume avances en la identificación de cuerpos, las familias consideran que estos esfuerzos resultan insuficientes mientras no se finquen responsabilidades a funcionarios y empresas implicadas.
“No basta con entregar cuerpos. Necesitamos verdad, justicia y garantías de no repetición”, sostuvieron los manifestantes, por lo que su lucha no terminará hasta que se castigue a los responsables y se establezcan mecanismos de reparación integral.
Identificación de los cuerpos
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el momento se han identificado 53 de las víctimas, de las cuales 48 fueron liberadas por el Ministerio Público y 44 ya entregadas a sus familias, así como otras cinco están en proceso de notificación, así como el equipo forense trabaja en 19 hipótesis adicionales de identidad.
La vocera de la corporación, Gabriela Cota, explicó que las identificaciones se lograron mediante análisis periciales y entrevistas con familiares, además de un portal digital habilitado para recopilar información y coincidencias.
Asimismo, la FGE indicó que se han presentado 31 denuncias por fraude ante la Unidad Especializada en Delitos de Peligro y Contra la Fe Pública, en contra de quienes resulten responsables.
Pese a ello, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer avances sobre las investigaciones de manera formal contra servidores públicos ni funcionarios de alto nivel, salvo las denuncias presentadas por fraude.
