Integrantes de la organización “Justicia para Nuestros Deudos” advirtieron que es indignante que las funerarias relacionadas con el caso del Crematorio Plenitud continúen operando de manera regular, pese a que en ese lugar fueron hallados 386 cuerpos sin incinerar el pasado 26 de junio.
Para las familias, la omisión de las autoridades constituye un agravio adicional y refleja la falta de voluntad estatal para garantizar justicia, por lo que, desde que se dio a conocer el caso, han acudido a diferentes instancias gubernamentales para exigir respuestas.
El 18 de septiembre, representantes del colectivo acudieron con la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, a quien le solicitaron la apertura de expedientes con los nombres de las personas cuyos cuerpos fueron canalizados a esas funerarias.
Lo anterior, luego de que, hasta el momento la Fiscalía Zona Norte ha dado a conocer a través de boletines de prensa que 86 cuerpos han sido identificados; 67 fueron entregados a sus familias y 19 más permanecen sin localizar a sus seres queridos.
Al respecto, Dora Elena Delgado, vocera de la agrupación, indicó que también pidieron transparentar los contratos mediante los cuales se otorgaron los servicios de inhumación y cremación.
“Hay actualmente 19 cuerpos que están identificados, pero no se encuentra a los familiares. Necesitamos mostrar a estas dependencias que tienen vinculos directa o indirectamente con las funerarias involucradas en estos actos de presunta corrupción u omisiones y el Crematorio Plenitud, porque es la única manera de llegar a la real y transparente verdad que estamos buscando”, indicó Dora Elena Delgado.
Expuso que existen señalamientos de convenios de la dependencia con vigencia de hasta diez años, particularmente con la funeraria “Paraíso”, ahora “Amor Eterno”, pertenenciente a los mismos dueños del Crematorio Plenitud, la familia Arellano Cuarón.
Delgado señaló que es indispensable que se verifique la legalidad de esos acuerdos y que se determinen las responsabilidades derivadas de los mismos, ya que la afectación de este caso llegó a cientos de familias juarenses.
Los convenios
Cabe resaltar que Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, advirtió a Circuito Frontera que varias de estas empresas cuentan con convenios oficiales vigentes para brindar servicios funerarios a personas en situación de vulnerabilidad.
La activista refirió que el Gobierno de Chihuahua mantiene una política pública desde hace décadas para otorgar apoyos funerarios a la ciudadanía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), por lo que es canalizada hacia funerarias con las que el Estado mantiene acuerdos, así como el proceso debe realizarse exclusivamente con dichas empresas.
Sobre este tema, mencionó que entre las empresas con las que el Estado tiene convenio se encuentra Luz Divina, la cual se incluyó en la lista de las funerarias que solicitaron servicios de incineración al Crematorio Plenitud.
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Sobre los contratos por servicios funerarios que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), este medio solicitó una entrevista con la titular, Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, en múltiples ocasiones a través de vía telefónica y mensajes. Sin embargo, no respondió ninguna de las solicitudes.
Aunque, en conferencia de prensa realizada el pasado 8 de julio, se le preguntó a la funcionaria acerca de estos convenios, a lo que Galindo Rodríguez señaló que los servicios funerarios ahora están a cargo de la Fiscalía General del Estado, mientras que la dependencia que representa únicamente ofrecía apoyo psicológico a las personas que requieran acompañamiento.
Petición a la CNDH
La vocera de Justicia para Nuestros Deudos indicó que el miércoles 24 de septiembre, las familias se trasladaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el fin de obtener acompañamiento jurídico.
Asimismo señaló que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Salud han mostrado una actitud omisa frente a las denuncias por fraude y maltrato vinculadas a las funerarias.
Dijo que más de mil 500 familias han resultado afectadas y persiste una lentitud preocupante en la identificación de los cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud.
Comentó que la visita a la CNDH se dio en un contexto marcado por la ausencia de respuestas claras por parte de las instituciones estatales, por lo que las familias cuestionan que, a diferencia de otros casos menores en el estado, donde sí se clausuraron funerarias, en este hecho de gran magnitud no se haya aplicado ninguna medida similar.
Mientras que este jueves 25 de septiembre, el colectivo sostuvo una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado en las instalaciones de la dependencia en esta frontera, donde participaron asesores y funcionarios de la institución.
En ese encuentro, se planteó la necesidad de contar con un Ministerio Público específico que reciba denuncias relacionadas con fraudes, omisiones o cualquier delito cometido en torno al crematorio, a lo que la Fiscalía se comprometió a designar a partir del viernes un agente que dé seguimiento a las quejas.
