Ciudad Juárez, México.- La desinformación sobre procesos migratorios legales no se limita a las redes sociales, sino que sigue su ciclo en las ciudades de la frontera, como Ciudad Juárez, donde una gran cantidad de personas intentan diariamente cruzar a Estados Unidos.
La economía alrededor de la migración se fortalece con estas prácticas en busca de un beneficio monetario, que va desde un cobro excesivo por un servicio de traslado hacia los límites fronterizos, hasta asesorías legales para trámites que no existen.
Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos municipal, informó en entrevista que hay casos de personas originarias de Panamá, Colombia, Costa Rica, entre otras nacionalidades, a las que les cobran 100 dólares por llevarlos hasta “El Bordo”, la zona donde se encuentra la línea divisoria entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, a la orilla del Río Bravo.
“Cómo tipo Ubers, diciéndoles ‘No, es que está súper peligroso. Están los soldados y policías persiguiendo migrantes, por 100 dólares te llevo’ y eso lo conocimos de primera mano por personas que llegaron al albergue (Albergue municipal Kiki Romero)”, dijo.
Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), dijo que uno de los principales engaños que han detectado es pedirle a las personas dinero para realizar citas y permisos que se realizan a través de la aplicación CBP One, a pesar de que esos trámites son gratuitos.
Consultas “legales”, sin abogados
Evelyn llegó de Guatemala con su hijo a Ciudad Juárez, México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.
Muy pronto se quedó sin hospedaje y sin dinero, pero una mujer que atendía un pequeño restaurante le ofreció trabajo y un lugar dónde dormir.
Meche, la dueña del lugar, le recomendó también los servicios de un supuesto abogado para que le realizara su trámite y solicitar la visa por razones humanitarias en Estados Unidos.
Por una primera consulta informativa le cobraron 100 dólares por persona y en total requirieron dos consultas, por lo que terminó pagando 400 dólares. Mientras que, en varias ocasiones fue contactada únicamente por correo electrónico, en donde se identificaron como abogados migratorios.
Por el “trámite” total le solicitaron el pago de 6 mil dólares por ambos.
El día en que supuestamente le realizaron la cita con autoridades estadounidenses, nadie se presentó.
Evelyn optó por buscar información con una organización de la sociedad civil y puso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Actualmente, continúa viviendo en Ciudad Juárez, pero ya está a la espera de su cita que consiguió a través de CBP One.
En El Paso la ayuda también cuesta
Nairoby Suárez, originaria de Venezuela y quien se encontraba en un campamento migrante que se improvisó afuera de la Presidencia Municipal, contó cómo muchos decidieron cruzarse” por el muro que divide Ciudad Juárez y El Paso.
Llegaban a una iglesia cercana, en donde les vendían un supuesto permiso de tránsito para viajar por Estados Unidos por entre 50 y 100 dólares.
El 8 de mayo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvieron a 32 personas migrantes que viajaban en un camión en El Paso, con un supuesto permiso.
Sin embargo, el documento era solo una Notificación de Acción (Notice of Action, I797C), un recibo que se entrega cuando una persona realiza un trámite ante autoridades estadounidenses, pero no sustenta la estancia legal en ese país.
Las cifras de la impunidad
En los últimos 5 años se han presentado ante la Fiscalía General de Chihuahua 61 denuncias por delitos contra migrantes. 41, fueron por fraude; 19, por secuestro, y una, por tráfico de menores.
El 2022 fue el año con mayor incidencia, con 30 delitos, y este año van 12 denuncias en ese sentido.
Del total de denuncias, 27 se encuentran en investigación, 15 en archivo temporal, 13 fueron vinculadas a proceso, en dos casos no hubo ejercicio por diversos motivos y dos más fueron declinadas por diversos motivos.
Hay un solo caso con sentencia absolutoria, mientras que en uno más se consideró que no inició la investigación porque no había delito.
Las personas víctimas de estos delitos eran originarios de Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.
Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, informó que este año se han recibido tres quejas de personas migrantes, de las cuales dos se localizaron en Ciudad Juárez.
En el 2022 se registraron cuatro quejas, todas en Ciudad Juárez. Las entidades acusadas fueron la Fiscalía General, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
