Saltillo, Coahuila.- A su paso por Coahuila, los migrantes se quedan sin derechos y hasta los representantes consulares los abandonan, lo que impide que tengan acceso integral a la justicia.
El caso del hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán es un ejemplo de ello y a tres años de su muerte, ni el gobierno estatal ni funcionarios diplomáticos de Honduras le informaron a la familia que está libre el agente de la Fiscalía General que le disparó el 31 de julio de 2019, a escasos metros del albergue que dejó minutos antes de los hechos.
El Gobierno de Coahuila no ha ofrecido la disculpa pública que se estableció dentro de la recomendación 58/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y tampoco se ha resuelto la apelación por la libertad condicional que se otorgó al elemento de la Fiscalía, Juan Carlos “N”, quien fue sentenciado a sólo cinco años y once meses y a pagar una indemnización superior a los dos millones 900 mil pesos.
Deysi Perdomo, hermana de Marco Tulio, y las sobrinas de ambos, Rocío y Evelyn, narraron el abandono y olvido del caso por parte de las autoridades de Honduras, aunque reconocieron que sí se paga mensualmente la indemnización por reparación del daño a Egli Roxana Méndez Ruiz, con quien Perdomo Guzmán procreó dos hijos: Eder Daniel y Nataly Janeth. La pequeña, que contaba con ocho años cuando ocurrieron los hechos, lo acompañaba y vio cómo se desvaneció su padre al recibir los impactos de bala.
“Llamé al número de un abogado, supuestamente era el consulado (de Honduras) en México, quedaron en llamarme y en darme información, pero nunca lo hicieron. Antes nos dijeron que estaba detenido y nada más. ¿Por qué lo dejan libre si él lo mató? Mi hermano no andaba en nada malo, lo único era que iba a cruzar México. El culpable es el policía porque le disparó sin haber motivo”, dijo Deysi al enterarse de los hechos.
Juan Carlos “N” obtuvo el beneficio de cumplir la sentencia con libertad condicional en julio del año pasado, después de que su defensa logró la reclasificación del delito; se le quitó la característica de alevosía y con ello se consideró que fue homicidio simple doloso con error vencible, porque el agente disparó en medio de la oscuridad y confundió al hoy occiso con supuestos narcomenudistas que minutos antes se dieron a la fuga.
“Para mí que no está bien porque, ¿a cuántos más le ha hecho lo mismo?”, agregó Deisy. Recordó que a su hermano lo hicieron pasar como delincuente en posesión de armas y drogas en la mochila, cuando “lo único que llevaba en la mano era a la niña”.
Nada sabían del proceso y menos de quién representa a la familia, debido a que no hay relación con la exesposa de Marco Tulio, quien dejó la aldea desde que él partió hacia México y ahora tiene una relación con otra persona.
También ignoran si Méndez Ruiz tiene un representante legal para darle seguimiento al caso e inconformarse con la sentencia de cinco años y que ésta se pague en libertad condicional.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales Valdés, señaló que no hay un tiempo determinado para que los magistrados del Poder Judicial en Coahuila determinen si queda la sentencia como se emitió el año pasado.
“Hubo sanción para el elemento, que cumplió a estas alturas, pero la familia no estuvo de acuerdo con la sentencia y se inconformó. Se encuentra en proceso de apelación y se trata nada más de que los magistrados discutan el asunto. Todavía no tengo una fecha para que se discuta eso”, señaló el funcionario.
CEAV Y FALLAS EN El ANÁLISIS DE VÍCTIMAS INDIRECTAS
Acerca de la indemnización por dos millones 910 mil 209 pesos, establecida como reparación del daño que debe cubrir el policía, y formalizada en el decreto emitido en septiembre de 2020 por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Deisy puntualizó que las autoridades de Coahuila nunca se acercaron con su madre María Magdalena Guzmán, quien también era dependiente económico de Marco Tulio.
Dijo que pidieron que se otorgara parte de la indemnización a su madre, pero como no cuentan con representantes legales en Coahuila ni siquiera los funcionarios de Honduras dieron seguimiento al caso.
Así, el “Plan de Indemnización Económica para garantizar el pago de compensación por pérdida de vida, compensación por daño moral y lucro cesante” que establecen las Leyes General de Víctimas, de Víctimas del estado de Coahuila y la Federal del Trabajo, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dejó fuera a la madre de Marco Tulio, lo cual no debió ocurrir, pues éste era el sostén económico de sus padres y habitaba junto con su esposa e hijos en el domicilio de los mismos, en la aldea del departamento de Colón, en Honduras.
La madre de Marco Tulio sufrió un derrame cerebral al enterarse de lo ocurrido y, además de estar discapacitada, cayó en depresión debido a las deudas que su hijo pretendía saldar al llegar a los Estados Unidos.
“Mi tío se fue de aquí porque buscaba pagar préstamos que obtuvo para sembrar arroz y le había ido mal. Eran como 200 mil lempiras (moneda hondureña), quería hacer su casa y pagar estas deudas”, dice su sobrina Rocío Pedormo.
Ella, al igual que su tía Deisy y su hermana Rocío, se sorprendió al saber que su abuela quedó desprotegida.
Al respecto, el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, señaló que la CEAV debió hacer un diagnóstico para identificar a todas las víctimas indirectas.
“Estas personas son las que dependen económicamente de la víctima. Entonces hay una omisión y falta de reconocimiento de las víctimas que tuvieran que ser consideradas en la reparación del daño”, consideró.
A la Casa del Migrante llegaron Marco Tulio y Nataly a descansar antes de buscar la forma de subir al tren para llegar a la frontera y luego pasar hacia los Estados Unidos. Pensaba trabajar en Carolina del Norte, donde reside una de sus hermanas desde hace 18 años.
Sobre el caso, se trató de hablar con la titular de la CEAV, Magdalena López Valdez, pero no atendió las cinco veces que se le buscó en su oficina; tampoco respondió al oficio entregado ni a mensajes ni llamadas realizadas a su celular y a su oficina, donde aseguraron que sí le hicieron llegar los mensajes. En las ocasiones que se le buscó directamente en las instalaciones del organismo se dijo que estaba en reuniones virtuales.
La hermana y sobrinas de Marco Tulio, consideran que no hay quien vigile el uso de los recursos, debido a que la primera partida que se entregó a la exesposa se destinó para construir una vivienda, la cual no fue terminada.
Se buscó a Egli Roxana Méndez Ruiz para conocer su versión en torno a la aplicación de los recursos, así como el seguimiento al policía que asesinó a su exesposo, aunque no fue posible establecer contacto con ella.
En primera instancia argumentó vía mensajes de whatsapp que la zona en la estaba tenía mala señal telefónica y por eso se le envió un cuestionario para que contestara a través de dicha plataforma, pero no lo hizo pese a la insistencia de la reportera.
También se gestionó una entrevista con representantes de la embajada hondureña y no hubo respuesta.
RECOMENDACIÓN CDHEC
Morales Valdés señaló que de la recomendación emitida se ha cumplido el 99 por ciento de lo que se estableció para la reparación del daño.
Sin embargo, la mayoría están relacionadas con apoyos hacia los hijos menores de edad, siempre y cuando éstos se quedaran a vivir en la entidad. Dado que no lo hicieron, se desconoce cómo se aplican o de qué forma se sustituyeron las becas educativas y la tarjeta “La Mera Mera”, mediante la que se otorgan beneficios diversos.
Xicoténcatl Carrasco señaló que las recomendaciones de la CDHEC se dejaron sólo en el ámbito económico y consideró que la reparación del daño sí está relacionado con ello, pero el organismo no puede considerar que la Fiscalía General y el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís hayan cumplido con la recomendación 58/2019, cuando no concluye el proceso judicial y no se hizo un análisis adecuado para identificar a las víctimas indirectas.
“Como la resolución judicial aún está en apelación, y mientras no se concluya el caso es complicado que se pueda buscar la reparación del daño”, opinó.
Las autoridades estatales tampoco han ofrecido las disculpas públicas, aunque hace dos años aceptaron la recomendación y la responsabilidad en el homicidio del migrante hondureño, además redujeron a lo económico la reparación del daño.
“No vemos que la Comisión Estatal (de Derechos Humanos) dé un seguimiento oportuno, y me parece que todo se está quedando en temas económicos; que no está mal, pero esto sólo es una parte de la reparación del daño y no obedece a la idea integral de reparación que tiene que ver con la restitución de derechos. En este caso sí tiene que ver lo económico, pero veo que están quedando en muy poca capacidad de identificar a las víctimas indirectas que por ley tendrían que vincular”, expresó el director de la Casa del Migrante de Saltillo.
