Cuando una niña, niño o adolescente revela que sufrió violencia sexual, puede enfrentar una primera barrera antes de recibir ayuda: que las personas adultas cuestionen, minimicen o desacrediten su testimonio.
Esta situación fue identificada por investigadoras de la organización Casa Amiga «Esther Chávez Cano», pues, según explicó Ana Laura Ramírez Vázquez, coautora de la guía Para acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. El andar de Casa Amiga, revelar una agresión representa uno de los momentos más difíciles para las víctimas.
“Encontramos que la revelación del testimonio es la parte más difícil de todo el proceso. Cuando la víctima revela el testimonio, desde un inicio no se les cree, se les minimiza”, explicó Ramírez Vázquez durante su intervención.
¿Quién debe cuidarse?
La investigadora también cuestionó que muchas estrategias de prevención se concentren en enseñar a niñas y niños cómo protegerse de posibles agresiones, mientras la responsabilidad de quienes cometen la violencia sexual queda fuera del centro de la discusión.
“Todavía seguimos poniendo a la víctima como quien se tiene que cuidar y nunca le hablamos a los agresores. En aquel tiempo, cuando estuve en el DIF, hicimos una campaña que no iba a dirigida a las víctimas. Es decir, siempre les decimos, que no te toquen (…) Sí debe de haber parte en la educación sexual, pero a quien se les tiene que hablar es a las personas agresoras”, señaló.
Este enfoque también puede influir en la respuesta de las familias y las instituciones, pues cuando una víctima revela una agresión necesita protección y acompañamiento, en lugar de cuestionamientos sobre las precauciones que tomó antes de sufrir violencia sexual.
Detrás de la investigación
La guía surgió de una investigación desarrollada durante aproximadamente tres años, con trabajo de campo, revisión de un comité de bioética y la experiencia de Casa Amiga, organización dedicada al acompañamiento de víctimas de violencia sexual en Ciudad Juárez.
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Durante el proceso, las investigadoras revisaron más de 500 expedientes e historias de vida y seleccionaron 47 casos para su análisis, además de examinar las dificultades que enfrentan las víctimas durante su paso por distintas instituciones.
Ramírez Vázquez planteó que las instituciones necesitan mecanismos para evitar que las víctimas repitan sus testimonios ante familiares, fiscalías, personal médico y especialistas, pues cada nuevo relato puede obligarlas a revivir la agresión durante su búsqueda de justicia.
