A casi 15 meses del caso Crematorio Plenitud, familias afectadas sostienen que recuperar los cuerpos de sus seres queridos no ha significado acceder a una reparación integral, por lo que ahora buscan que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga ante sus reclamos.
Dora Elena Delgado, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, señaló que las familias continúan enfrentando obstáculos para ser reconocidas como víctimas y recibir una reparación que considere las consecuencias del manejo irregular de los cuerpos de sus familiares.
“Recordemos que desde el día uno la Fiscalía no nos reconoce como víctimas a menos de que tengas cuerpo, pero si ya tienes cuerpo, tampoco te reconoce como víctima porque no hay una reparación integral”, dijo.
Reparación pendiente
Uno de los principales cuestionamientos es que, tras el hallazgo de los 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud, hasta el momento, ninguna de las personas afectadas ha sido reconocida como víctima por el Estado.
La vocera también señaló los mecanismos de mediación utilizados con funerarias relacionadas con el caso, luego de que los acuerdos favorecieron a los prestadores de servicios y dejaron fuera una respuesta proporcional a las afectaciones que reclaman las familias.
“¿Una cremación cuesta 3 mil pesos? ¿Una cremación cuesta 4 mil pesos? ¿5 mil pesos? No, no existe. Entonces, ¿por qué esas cantidades?”, declaró la vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos.
Buscan intervención
Ante esas inconformidades, Justicia para Nuestros Deudos reunió 19 señalamientos sobre omisiones, falta de acción y posibles actos de corrupción que atribuye a distintas autoridades, contenidos en una carta dirigida a Sheinbaum y enviada un día antes de esta publicación.
El documento incluye reclamos sobre acceso a información de cuerpos identificados, reparación del daño, actuación de funerarias, supervisión sanitaria, retrasos judiciales y mecanismos de mediación, además de solicitudes para investigar posibles responsabilidades de funcionarios públicos.
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Delgado explicó que el colectivo también buscará acercarse a la presidenta durante su visita de este sábado a Ciudad Juárez, con la expectativa de que el documento llegue directamente a sus manos y sus reclamos sean atendidos desde el Gobierno federal.
“Son 19 puntos que señalamos que son de las omisiones o inacción o presuntos actos de corrupción y eso es lo que le vamos a entregar a la presidenta, que espero en Dios que se dé todo para que llegue a sus manos este documento”, dijo.
Petición completa
LA CARTA ABIERTA
A LA PRESIDENTA DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Presidenta, bienvenida a Ciudad Juárez, una tierra forjada por la resiliencia y la esperanza. Aquí, cada capítulo de nuestra historia ha sido escrito con valentía, honor y también con dolor, pero siempre con la fuerza de una comunidad que nunca se rinde. Hoy la recibimos con respeto en esta ciudad que ha aprendido a transformar la adversidad en grandeza y el desafío en oportunidad.
Caso Crematorio Plenitud: Verdad, Justicia y Reparación para Más de 1,600 Familias
La presente carta abierta expone la grave crisis humanitaria, institucional y de derechos humanos derivada del caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, que afecta directamente a más de 1,600 familias víctimas, quienes continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.
Las familias denuncian una cadena de omisiones, negligencias y posibles actos de corrupción cometidos por diversas autoridades estatales, que permitieron la operación irregular del crematorio y posteriormente han obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.
PRINCIPALES DENUNCIAS
- Falta de atención y sensibilidad institucional;
Más de 1,600 familias afectadas han sido sometidas a procesos de revictimización, indiferencia institucional, falta de empatía y deshumanización por parte de diversas dependencias del Estado de Chihuahua.
- Falta de transparencia y negación del derecho a la información:
La Fiscalía General del Estado, Zona Norte, se ha negado sistemáticamente a informar a las familias a qué funerarias corresponden los 268 cuerpos identificados, pese a que dicha información ha sido solicitada formalmente en múltiples ocasiones.
Esta negativa viola el derecho de las víctimas a la verdad, al acceso a la información y al conocimiento pleno de los hechos relacionados con sus seres queridos.
- Existencia de cuerpos identificados y denuncias por fraude:
Actualmente existen 268 cuerpos identificados y más de 150 denuncias por fraude presentadas contra las ocho funerarias vinculadas al Crematorio Plenitud.
- Impunidad y fuga del principal responsable:
El propietario y principal responsable señalado del Crematorio Plenitud, José Luis Arellano Cuarón, permanece prófugo de la justicia.
Las familias denuncian que las autoridades no han agotado todos los mecanismos disponibles para lograr su captura, incluyendo la emisión de una recompensa pública que permita la participación ciudadana y la obtención de información relevante para su localización.
- Operación impune de funerarias involucradas:
A pesar de su presunta participación en los hechos investigados, las ocho funerarias vinculadas continúan operando con normalidad, situación que representa un agravio permanente para las víctimas.
- Omisiones de la autoridad sanitaria:
Se señala a la autoridad sanitaria estatal por haber dejado de supervisar el Crematorio Plenitud desde marzo de 2022, permitiendo que continuaran prácticas presuntamente irregulares sin inspecciones ni sanciones oportunas.
- Irregularidades en actas de defunción:
Se denuncian inconsistencias entre actas de defunción que reportan inhumaciones y familias que conservan supuestas cenizas, situación atribuida por autoridades del Registro Civil a un supuesto «error de dedo», explicación considerada insuficiente e irrespetuosa para las víctimas.
- Negativa a reconocer una crisis de salud pública:
Las familias sostienen que las autoridades sanitarias se han resistido a reconocer el caso como un problema de salud pública, pese a sus implicaciones sanitarias, forenses y sociales.
- Falta de respuesta legislativa:
Se denuncia que el Congreso del Estado de Chihuahua ha minimizado o pospuesto el análisis profundo del caso, limitando la atención institucional a una problemática de alto impacto social.
- Obstaculización del acceso a la justicia:
La Fiscalía General del Estado, Zona Norte, ha sido señalada por restringir el derecho de miles de familias a presentar denuncias y participar plenamente en los procesos de investigación.
- Ocultamiento de información relevante:
Las familias sostienen que las autoridades tenían conocimiento previo de irregularidades relacionadas con la entrega de urnas y cenizas, información que nunca fue comunicada oportunamente a los afectados.
- Existencia de restos humanos pendientes de identificación:
Además de los cuerpos localizados, las propias autoridades reportaron el hallazgo de 386 cuerpos y 4 esqueletos disociados, lo que representa nuevas víctimas y familias aún pendientes de conocer la verdad.
- Reparación del daño insuficiente:
Las víctimas denuncian que las propuestas de compensación se han limitado, en la devolución del costo de los servicios funerarios, ignorando el daño psicológico, moral, emocional y social ocasionado.
- Retrasos judiciales:
Se señala que el Poder Judicial ha postergado audiencias y procedimientos, afectando el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita.
- Revictimización mediante mecanismos de mediación:
Las familias consideran que diversos procesos de justicia alternativa privilegiaron acuerdos favorables para funerarias e infractores antes que la protección integral de las víctimas.
- Ausencia de liderazgo gubernamental:
Se cuestiona la falta de posicionamiento firme y acciones concretas por parte del Gobierno del Estado frente a una de las mayores crisis de dignidad humana registradas en Chihuahua.
- Descalificación de los colectivos de víctimas:
Representantes oficiales han minimizado los reclamos ciudadanos y defendido el actuar institucional, generando mayor distanciamiento entre gobierno y víctimas.
- Presuntas autorizaciones irregulares de cremaciones:
Las familias solicitan la investigación de servidores públicos que habrían autorizado procedimientos de cremación ilegales, actualmente, sin ser objeto de cuestionamiento legal y administrativo.
- Denuncias por conductas indebidas de funcionarios:
Se encuentran denunciados presuntos actos de revictimización, difusión indebida de información de víctimas y posibles solicitudes irregulares de dinero por parte de funcionarios públicos.
PETICIONES A LA PRESIDENTA DE MÉXICO
Las familias solicitan la intervención federal para:
- Garantizar el derecho a la verdad.
- Asegurar investigaciones transparentes e imparciales.
- Determinar responsabilidades penales, administrativas y políticas.
- Implementar mecanismos efectivos para capturar a José Luis Arellano Cuarón.
- Transparentar la información sobre los cuerpos identificados y las funerarias involucradas.
- Garantizar reparaciones integrales del daño.
- Investigar actos de corrupción y omisión institucional.
- Establecer garantías de no repetición.
- Fortalecer la supervisión y regulación de funerarias y crematorios.
MENSAJE FINAL DE LAS FAMILIAS:
Las familias afectadas afirman que continúan su lucha no por confianza en las instituciones estatales, sino por su convicción en la justicia mexicana y en los principios constitucionales que garantizan los derechos humanos.
Sostienen que han sido ignoradas, revictimizadas, despreciadas y abandonadas por diversas autoridades del Estado de Chihuahua; sin embargo, mantienen la esperanza de que la intervención federal permita alcanzar la verdad, la justicia y la reparación integral.
Las familias no piden privilegios ni favores. Exigen el derecho fundamental a conocer qué ocurrió con sus seres queridos, que los responsables sean procesados y que ninguna otra familia vuelva a enfrentar una tragedia similar.
Colectivo Justicia para Nuestros Deudos
Vocera: Dora Elena Delgado Barraza. Correo electrónico; promculturajuarez@gmail.com
Número de contacto; 656 857 5210
Claudia Sheinbaum Pardo
Gobierno del Estado de Chihuahua
Maru Campos Galván
Fiscalía General del Estado de Chihuahua
Fiscalia General del Estado zona norte
Norma Ledezmaortega
Fiscalía General de la República
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte
Poder Judicial del Estado de Chihuahua
Congreso del Estado de Chihuahua
Justicia Alternativa
