Entre 2008 y 2011, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa protagonizaron una guerra que dejó enfrentamientos y asesinatos en las calles, mientras otra disputa ocurría alrededor de quienes tenían información, armas y autoridad: las corporaciones policiales.
La organización InSight Crime documentó que el Cártel de Juárez había construido una red de corrupción dentro de corporaciones de seguridad y señaló que La Línea, identificada como su brazo armado, estaba integrada también por policías activos y retirados.
Esa estructura permitía, según el reporte citado, obtener información sobre operativos y facilitar el movimiento de cargamentos mediante sobornos a agentes, por lo que la influencia dentro de las corporaciones se convirtió en una pieza para mantener el control criminal del territorio.
La disputa
El equilibrio comenzó a cambiar en 2008, cuando el Cártel de Sinaloa emprendió una ofensiva contra la organización de Juárez y atacó puntos de distribución de drogas y espacios utilizados por su rival, de acuerdo con la reconstrucción de InSight Crime.
La disputa alcanzó públicamente a la Policía Municipal cuando apareció una narcomanta en un monumento dedicado a policías caídos, donde fueron colocados nombres de agentes señalados como integrantes de La Línea y amenazados de muerte.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
A partir de entonces, policías quedaron directamente expuestos a la violencia entre organizaciones criminales, mientras algunos abandonaron la corporación, otros fueron asesinados y agentes fueron señalados de modificar sus alianzas dentro de las redes de corrupción descritas en el reporte.
El documento sostiene que mandos inconformes con la distribución de sobornos comenzaron a colaborar con el Cártel de Sinaloa, una afirmación que forma parte de la reconstrucción de InSight Crime sobre la infiltración criminal y no de una comprobación independiente de Circuito Frontera.
Policías atrapados
El periodo dejó otra cifra para dimensionar la violencia dirigida contra las corporaciones: más de 200 policías fueron asesinados durante aquellos años, según el material consultado, mientras la confrontación criminal continuaba transformando las estructuras de seguridad de la ciudad.
La intervención de fuerzas federales agregó otra dimensión al conflicto, pues InSight Crime sostuvo que determinados sectores federales favorecieron el desplazamiento de las antiguas redes de protección, aunque esta afirmación requiere documentación adicional para establecer responsabilidades individuales o institucionales.
La entonces procuradora de Chihuahua, Patricia González, también quedó en medio de acusaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios y La Línea, señalamientos que ella negó y que alcanzaron a su familia después del secuestro y asesinato de su hermano Mario Ángel González en 2010.
Sus captores difundieron un video donde Mario Ángel realizó acusaciones sobre supuestas relaciones familiares con La Línea mientras permanecía privado de la libertad, por lo que esas declaraciones no pueden considerarse evidencia independiente para acreditar los vínculos criminales señalados entonces.
Después de la guerra
Para 2011, el Cártel de Sinaloa había ganado terreno frente al Cártel de Juárez, según la reconstrucción consultada, pero la disminución posterior de aquella confrontación abierta no significó que las instituciones quedaran automáticamente libres de corrupción o influencia criminal.
La disputa de aquellos años dejó así una dimensión menos visible de la violencia en Juárez: mientras los grupos criminales peleaban territorio en las calles, las redes de protección, información y corrupción dentro de las corporaciones también podían modificar su capacidad para operar.
Más de una década después, aquella historia deja una pregunta que rebasa la guerra entre dos organizaciones: qué mecanismos construyó la ciudad para impedir que quienes deben combatir al crimen vuelvan a convertirse en territorio disputado por grupos criminales.
