Durante cinco días de junio de 2010, al menos 60 funcionarios de México y Estados Unidos, se reunieron en Ciudad Juárez para desarrollar programas de inteligencia, seguridad pública, tecnología y operaciones judiciales, en un momento donde la frontera atravesaba su mayor crisis de violencia.
Del 21 al 25 de junio, las reuniones avanzaron hasta un encuentro ejecutivo donde participaron el entonces embajador estadounidense Carlos Pascual y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, además de representantes del CISEN, la PGR y Relaciones Exteriores.
La reunión quedó registrada en el documento “Narcotics Affairs Section Mexico Monthly Report for June 2010”, un cable de la Embajada de Estados Unidos en México que fue marcado como sensible pero no clasificado y posteriormente liberado por el Departamento de Estado.
Cinco días
En el cable, identificado como 10 MEXICO 3096, la Embajada documentó que el encuentro correspondió a la segunda sesión del Ciudad Juárez-El Paso Campaign Planning, destinada a revisar recomendaciones previas y desarrollar programas específicos de cooperación en seguridad.
El archivo señala que las sesiones produjeron propuestas consideradas aplicables por la representación estadounidense en fortalecimiento de capacidades, adquisición de equipo y mentoría, aunque no especifica cuáles comenzaron a operar después de aquellos cinco días en Juárez.
También permite dimensionar el contexto: junio cerró con mil 68 muertes reportadas en México y fue descrito por la propia Embajada como el mes más violento registrado hasta entonces desde el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico.
Casi 200 personas fueron asesinadas durante seis días de la primera mitad de junio y Chihuahua apareció entre los estados más afectados, según el mismo reporte diplomático elaborado mientras funcionarios de ambos países preparaban nuevas acciones de seguridad.
Juárez piloto
Otro apartado del cable revela un segundo proyecto que colocaba directamente a Ciudad Juárez como zona de prueba: el Short Messaging System Citizen Tip-Line, un sistema tecnológico diseñado para recibir información anónima de ciudadanos sobre hechos relacionados con seguridad.
El documento señala que las personas podrían enviar información a las autoridades mediante mensajes SMS, llamadas de voz y una plataforma web, mientras el proyecto buscaba recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de aplicar la ley.
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En ese mismo archivo, la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada escribió que esperaba lanzar el programa piloto en Ciudad Juárez durante el otoño de 2010 y registró la llegada a México de dos coordinadores responsables del proyecto.
El documento no establece si el sistema comenzó finalmente a funcionar, pero sí confirma que Juárez fue seleccionada para la prueba, aunque no se sabe cuánto tiempo habría permanecido activa.
Desde 2009
La cooperación que desembocó en aquellos proyectos venía de años anteriores, según otro documento desclasificado titulado “Narcotics Affairs Section Mexico Monthly Report for June 2009”, también elaborado por la Embajada estadounidense como parte del seguimiento a la estrategia bilateral.
Ese archivo documentó el diseño de una Oficina Bilateral de Implementación que contemplaba concentrar a 40 funcionarios estadounidenses y 20 mexicanos, cuyo esquema había recibido aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del CISEN.
El reporte de 2009 también registra capacitaciones para corporaciones mexicanas sobre investigación de homicidios, preservación de escenas del crimen, secuestro, negociación de rehenes y detección de explosivos, además de otros programas desarrollados dentro de la Iniciativa Mérida.
Otra estrategia
Un tercer documento permite entender hacia dónde se dirigía esa cooperación: el informe “Mexico’s Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Rising Violence”, elaborado en 2012 por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
El informe explica que la Iniciativa Mérida, financiada desde 2008, comenzó enfocada en proporcionar equipo a las fuerzas mexicanas, pero después desplazó sus prioridades hacia la modernización de instituciones policiales, el sistema judicial y programas de fortalecimiento institucional.
El mismo análisis identifica una nueva etapa denominada Beyond Mérida, basada en combatir organizaciones criminales, fortalecer el Estado de derecho, construir una frontera del siglo XXI y desarrollar comunidades consideradas resistentes frente a las condiciones que favorecían la violencia.
El documento del Congreso estadounidense vincula ese cambio con Ciudad Juárez después del asesinato de 15 jóvenes en enero de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón reconoció que la intervención policial y militar resultaba insuficiente para enfrentar la crisis fronteriza.
Los archivos no llaman a Ciudad Juárez un “laboratorio” de seguridad, pero documentan los elementos que sostienen esa lectura: funcionarios de ambos países diseñaron programas desde la ciudad y Estados Unidos la seleccionó expresamente para probar un sistema tecnológico de denuncia ciudadana.
Más de una década después, los documentos desclasificados permiten reconstruir aquella apuesta bilateral, pero también dejan una pregunta sin resolver: qué ocurrió con las propuestas diseñadas durante aquellos cinco días y cuáles tuvieron efectos duraderos sobre la seguridad de Ciudad Juárez.
