Miles de personas migrantes fueron trasladadas de forma clandestina hacia Estados Unidos por una organización que operó durante casi tres años con casas de seguridad en México y ganancias de hasta 30 millones de dólares, según documentos del Departamento de Justicia estadounidense.
La investigación sostiene que la red movió entre 2 mil 500 y 3 mil personas migrantes, originarias de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023.
El caso avanzó esta semana con la declaración de culpabilidad de Efraín Zúñiga García, mexicano de 38 años extraditado desde México, quien aceptó haber participado en la conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro ante un tribunal federal en Estados Unidos.
Red internacional
De acuerdo con documentos judiciales, la organización utilizaba casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, para alojar temporalmente a migrantes antes de entregarlas a los guías conocidos como «coyotes», quienes las cruzaban por el Río Bravo hacia Estados Unidos.
Las investigaciones identifican a Enil Edil Mejía Zúñiga, migrante hondureño, como responsable de coordinar la operación y contratar a conductores, operadores de casas de seguridad y guías armados.
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De acuerdo con los datos oficiales, Zúñiga García solicitaba pagos que iban de 6 mil 500 a 12 mil dólares por cada viaje, para facilitar el traslado de las personas en movilidad entre ambos territorios.
Además administraba una casa de seguridad ubicada en Monterrey y coordinaba el traslado de migrantes con otros integrantes de la organización, antes de que iniciaran el cruce irregular hacia Estados Unidos.
Millones de dólares
Las autoridades estadounidenses estiman que la organización obtuvo ingresos de entre 16 y 30 millones de dólares durante su periodo de operación, una cifra que refleja la dimensión económica que alcanzó la red de tráfico de personas.
El principal operador de la organización recibió una sentencia de 10 años de prisión en 2025, mientras otra integrante fue condenada a 41 meses de cárcel en mayo de 2026, por su participación en el mismo esquema de tráfico de personas.
Zúñiga García permanece a la espera de sentencia tras declararse culpable de conspiración para introducir extranjeros, introducir personas con fines de lucro y complicidad, delitos por los que enfrenta una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, conforme a la legislación estadounidense.
