Entre un año y un año y medio es el tiempo que tardan en resolverse los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez, desde el inicio de la investigación hasta la sentencia del juez. Mientras que la falta de recursos y el retardo en las investigaciones vuelven aún más tardado el proceso.
Así lo dio a conocer Lydia Cordero, directora general de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, quien habló sobre los desafíos en las investigaciones de violencia contra mujeres y niños en esta frontera.
Dijo que las complejidades que enfrentan las víctimas, desde la denuncia hasta el juicio, son deudas pendientes en el sistema judicial y que ponen de manifiesto la urgente necesidad de recursos para mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Rezagos en las investigaciones: Una deuda pendiente
Lydia Cordero resaltó que el rezago en las investigaciones de violencia contra mujeres, niños y niñas se debe principalmente a la lentitud de los procesos de investigación y la saturación de carpetas en la Fiscalía, lo cual ha contribuido a extender los plazos y, muy a menudo, a impedir el acceso oportuno a mecanismos de protección.
“Es una deuda pendiente del acceso a la justicia”, afirmó.
La directora de Casa Amiga explicó que la sobrecarga de trabajo en las instituciones encargadas de investigar estos casos resulta en procesos prolongados, dificultando que las víctimas obtengan órdenes de protección o medidas de seguridad a tiempo.
Entre un año y un año y medio es el tiempo que tardan en resolverse los casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en #CiudadJuarez, desde el inicio de la investigación hasta la sentencia del juez. 📲 https://t.co/euSCwbRirl pic.twitter.com/7UzDz9x5RC
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) December 18, 2023
Indicó que, lamentablemente, no todas las carpetas de casos oficializadas llegan a su término final, ya que las víctimas pueden cansarse y desistir en el transcurso del proceso.
Cordero resaltó la importancia del acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso, desde la presentación de la denuncia hasta el término del juicio.
Señaló que actualmente Casa Amiga representa un promedio de 800 casos de niños, niñas y mujeres víctimas de violencia del 2023, así como les brindan acompañamiento que incluye no solo el apoyo legal y la representación ante la Fiscalía, sino también un proceso terapéutico integral que aborda las necesidades emocionales de las víctimas.
Subrayó que este proceso, ya de por sí desgastante, pero se complica aún más cuando las víctimas carecen de un respaldo terapéutico.
La directora de Casa Amiga enfatizó la importancia de asignar mayores recursos a la Fiscalía, la policía de investigación y el Poder Judicial para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta.
La necesidad de recursos: Un llamado urgente
Ante la magnitud de los casos que enfrentan, Cordero hizo un llamado urgente a la asignación de mayores recursos para las instituciones encargadas de impartir justicia.
Argumentó que la falta de recursos no solo afecta la velocidad de los procesos, sino que también impacta negativamente en la calidad del apoyo que se puede brindar a las víctimas.
“Se necesita una inversión significativa en recursos humanos, tecnológicos y financieros”, enfatizó Cordero.
Aseguró que esta inversión no solo aceleraría los procesos judiciales, sino que también mejoraría las condiciones para que las víctimas accedan a la justicia de manera efectiva.
