Culiacán, Sin.- Son dos kilómetros y medio de minería aluvial en El Patole, Sinaloa, una actividad que realizan grupos criminales del Cártel de Sinaloa desde finales de 2022.
En la zona de playa hay por lo menos 100 pozos de entre uno a cuatro metros de profundidad para cribar arena con filtros, dejando caer químicos y agua que se extrae del mar con mangueras y motores.
Es una zona donde se practica el surf por turistas, donde anidan tres especies de tortugas marinas pero que ahora está devastada por la minería ilegal.
Apenas el 10 de agosto de ese año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) echó abajo un proyecto de este tipo de minería a la empresa Angels Mine Corp, una firma con sede en Mazatlán.
Con ese proyecto se buscó hacer exploración en dos puntos específicos sobre el río Piaxtla, tierra abajo del pueblo San Ignacio y otro en las playas de El Patole. Entre todos los puntos de revisión se trataba de seis polígonos dentro y fuera del cauce en época de estiaje.
“Consiste en la exploración de forma extracción de arenas y grava aurífera en los puntos seleccionados del río Piaxtla, ubicado geográficamente en el municipio de San Ignacio dentro del estado de Sinaloa, para posterior lavado y clasificado por medio de un sistema gravitatorio de cribado, el mineral que se busca extraer y recolectar es el oro”, se lee en el estudio presentado para la Manifestación de Impacto Ambiental que se rechazó.
Ése proyecto se echó abajo después de que la Semarnat revisó la falta de consulta. Al mismo tiempo hubo cuatro escritos distintos que rechazaban este tipo de minería, que tiene como característica principal la excavación para cribar tierra o arena en búsqueda de metales preciosos.
Esa actividad puede ser vista desde el cielo y con imágenes satelitales, observándose que ocurre junto a campos agrícolas y granjas acuícolas junto a la desembocadura del río Piaxtla.
Mineros organizados han denunciado que esta actividad ocurre con presiones y amenazas a pobladores y a quienes ejercen la actividad de manera legal, pese a que han presentado denuncias ante autoridades federales competentes.
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