Un sábado por la tarde, Samanta salió de su casa para pasar la noche con su pareja, pero al volver a su casa al día siguiente, su automóvil había sido robado. Lo había dejado frente a su vivienda, como lo hacía siempre, sin imaginar que ese día comenzaría una odisea burocrática.
Días después, la Fiscalía le notificó que su carro se encontraba en uno de los corralones municipales, luego de haber sido robado y chocado. El trámite de recuperación tardó tres meses y, aunque al final recibió un descuento, el costo acumulado por multas y estancia ascendía a más de 40 mil pesos.
Sin embargo, historias como la de Samanta se repiten a diario en Ciudad Juárez, ya que entre enero y mayo de este 2025, se reportaron 801 robos de vehículos de cuatro ruedas, de los cuales 89 fueron cometidos con violencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esto equivale a que diariamente cinco automóviles son robados o bien que cada 4.5 horas en esta frontera un vehículo es robado, lo que coloca a este delito como una de las principales problemáticas de seguridad patrimonial.
Sin embargo, el impacto para las víctimas no termina con la recuperación del vehículo, pues en muchos casos, los automóviles robados aparecen semanas o meses después en corralones municipales, ya con daños visibles, multas por infracciones cometidas durante el robo y cobros por arrastre y estancia.
Estas cargas económicas terminan por “castigar” doblemente a los afectados, quienes deben cubrir gastos elevados para recuperar lo que ya les había sido arrebatado.
Al respecto, Jaime Flores Castañeda, titular de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), reconoció la urgencia de atender esta problemática.
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Señaló que actualmente el proceso para recuperar un vehículo puede ser largo y costoso, especialmente cuando la liberación del automóvil por parte de la Fiscalía tarda semanas o incluso meses.
Explicó que, en respuesta a esta situación, la dependencia trabaja en un análisis interno para establecer criterios que permitan otorgar descuentos significativos e incluso valorar la condonación total del cobro por hospedaje vehicular, particularmente en casos debidamente acreditados de robo.
El organismo busca definir, junto con su consejo directivo, un esquema justo que evite que las víctimas enfrenten una carga económica adicional al daño sufrido, por lo que están revisando el número de casos reportados mes con mes.
También se analiza la duración promedio de la estancia en los corralones, con el fin de establecer los parámetros sostenibles que puedan aplicarse con regularidad.
Flores Castañeda indicó que, aunque este tipo de medidas aún están en evaluación, la intención institucional es minimizar al máximo el impacto económico para las personas afectadas, así como están buscando una mayor coordinación con la Fiscalía General del Estado para que agilice las liberaciones de vehículos recuperados.
