La asociación civil “Derechos Humanos Integrales en Acción” (DHIA) emitió un pronunciamiento para exigir una investigación y la actuación de instancias de protección a la niñez, luego de la detención de una pareja de migrantes venezolanos y la separación de dos menores.
Lo anterior, en hechos ocurridos el pasado jueves 7 de agosto, afuera de las instalaciones de un establecimiento comercial, ubicado en la avenida López Mateos y bulevar Óscar Flores, donde agentes estatales arrestaron a la pareja y trasladaron a dos niños ante el DIF Municipal.
La organización rechazó categóricamente “la actuación violenta de las y los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)” durante el operativo, pues, de acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, las acciones desplegadas no siguieron los principios de absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad, racionalidad ni oportunidad.

DHIA advirtió que la situación resulta aún más grave, debido a que se trataba de población en situación de vulnerabilidad y que, según los reportes, la mujer estaba embarazada.
En su posicionamiento, la organización instó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a investigar la actuación de las fuerzas públicas y a las autoridades de protección a la niñez a dar seguimiento puntual al caso.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación evitar la revictimización de los menores involucrados y acatar lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece lineamientos claros para la protección de datos sensibles, incluyendo nacionalidad y rostro.
La asociación también cuestionó la filtración de información y el manejo del caso por parte del área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la difusión de datos personales y nacionalidades, lo que calificó como expresiones de racismo, xenofobia y aporofobia.
“Es sumamente preocupante el enfoque criminalizador que se ha dado al manejo de la información (…) violentan el derecho humano a la presunción de inocencia y la protección de datos personales”, se advirtió el pronunciamiento.
DHIA subrayó que el uso desmedido de la fuerza ante un núcleo familiar y en presencia de niños, provoca un evento traumático y victimizante, puesto que, aun si existía la sospecha de un delito, la actuación de la autoridad debía ser proporcional al contexto y respetuosa de los derechos humanos.
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Por ello, hizo un llamado a que todas las autoridades involucradas cuenten con capacitación en perspectiva de género, infancia y multiculturalidad, además de protocolos adecuados para atender casos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.
La asociación consideró inaceptable que, en una ciudad donde la problemática de menores en situación de mendicidad “parece agravarse cada día más”, no se cuente con mecanismos efectivos para su atención.
Asimismo, demandó la presencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y de la CEDH para garantizar el seguimiento y la no repetición de hechos similares.
El posicionamiento recalca la necesidad de brindar atención integral a las personas afectadas, revisar los protocolos de actuación de los agentes y, de ser necesario, ofrecer una disculpa pública por la evidente falta de capacitación.