A casi cuatro meses del hallazgo de los 386 cuerpos sin incinerar en el Crematorio Plenitud, familias afectadas siguen luchando para que la Fiscalía General del Estado los reconozca legítimamente como víctimas dentro del proceso penal.
Olivia Aguirre Bonilla, representante legal del colectivo “Justicia para Nuestros Deudos”, comentó que el reconocimiento jurídico es esencial para que las familias puedan solicitar diligencias periciales sobre las cenizas que les fueron entregadas, como los supuestos restos de sus familiares.
La abogada explicó que las denuncias que preparan se fundamentan en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contempla la figura de desaparición de cadáveres cuando existe una intención de ocultar un delito.
En este caso, señaló, la desaparición de los cuerpos tuvo la finalidad de encubrir el delito de fraude, ya que las familias pagaron por servicios de cremación que nunca se realizaron.
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La abogada recalcó que el colectivo mantiene dudas sobre la autenticidad de las cenizas entregadas, pues muchos de ellos sospechan que podrían ser de animales o pertenecer a otras personas, luego de que la Fiscalía no ha realizado los análisis de laboratorio correspondientes.
Ante la falta de esta acción, los afectados recurrieron al Municipio, que ofreció un fondo de un millón de pesos para que las cenizas fueran analizadas en laboratorios externos.
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No obstante, el proceso enfrenta trabas por los protocolos de cadena de custodia, que obligan a entregar las muestras a la Fiscalía antes de su envío a los laboratorios, una condición que genera desconfianza entre las familias, pues temen la pérdida o alteración de las evidencias.
En este sentido, Aguirre Bonilla señaló que varias personas intentaron presentar denuncias, pero la Fiscalía se negó a recibirlas, argumentando que no existe un cuerpo identificado.
Esa negativa impide que las familias obtengan la calidad de víctimas y con ello el derecho a solicitar peritajes, revisar prendas u obtener información del caso, por lo que ahora se preparan con denuncias formales y amparos por omisiones institucionales, además de solicitar la intervención de instancias federales.
Dijo que los afectados insisten en que su exigencia no se reduce a un reclamo administrativo, sino a un derecho a la verdad y a la justicia frente a un hecho que consideran un intento deliberado de ocultar un delito.
