A través de un comunicado conjunto, las organizaciones que representan a nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas y ocho sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, informaron que la disculpa pública anunciada por el INM para el 16 de abril fue “rechazada”, luego de que no se les notificó conforme a lo que dispuso el juez.
El comunicado fue enviado por integrantes de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
La decisión surge tras una reunión sostenida este lunes 14 de abril con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el abogado defensor del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, donde se acordó reestructurar el acto bajo condiciones acordadas con las víctimas.
El 2 de abril se llevó a cabo una audiencia relacionada con el incendio en la estación migratoria del @INAMI_mx en Ciudad Juárez. Organizaciones respondieron a la decisión judicial que favorece al comisionado del INM. pic.twitter.com/pRwWbhrVFw
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) April 15, 2025
Las organizaciones además manifestaron su rechazo a la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito del pasado viernes 11 de abril, en donde se confirmó la suspensión condicional del proceso penal contra el comisionado del INM, acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Consideraron que esta resolución, emitida de forma unánime por los magistrados Octavio Pineda Toribio, Gabriel Alejandro Castillo Sabanero y Emiliano López Pedraza, representa un mensaje de impunidad y justicia selectiva, afectando el derecho a la verdad y reparación de las víctimas.
El comunicado también denunció múltiples irregularidades procesales, entre ellas notificaciones nocturnas sin justificación, cambios repentinos en fechas de audiencias y decisiones unilaterales del imputado.
Tal es el caso de la anunciada disculpa pública para este 16 de abril, la cual no fue acordada con las víctimas ni sus representantes, tal como lo exige el juez que otorgó la suspensión condicional.
La resolución judicial establece claramente que el acto debe ser organizado conjuntamente con las víctimas, asesores jurídicos públicos y particulares, así como la CEAV.
En la reunión del 14 de abril, se acordó lo siguiente: realizar diversas mesas de trabajo, que el acto de disculpa será híbrido y se realizará en Ciudad Juárez, se garantizará la participación de las víctimas en la elaboración del texto, y que la disculpa deberá ofrecerla directamente Francisco G. Y., con posibilidad de réplica por parte de las víctimas.
También se exigió que el acto sea interpretado al K’iche’ y Q’anjob’al, lenguas de comunidades mayas guatemaltecas, así como que se publique en medios nacionales y en un medio de cada país de origen de las víctimas.
Aunque se propuso como nueva fecha el 2 de mayo, las víctimas señalaron que esto sólo será posible si se garantizan traslados, viáticos y visas humanitarias para su presencia física.
A dos años del incendio en el que 40 hombres murieron y más de 27 personas más resultaron heridas con lesiones físicas y emocionales, además de 15 mujeres que no son reconocidas como víctimas, las organizaciones reiteraron que la justicia no puede seguir postergándose ni trivializar el dolor de las familias afectadas.
Exigieron que las condiciones del acto de disculpa pública cumplan con su objetivo de restituir la dignidad, memoria y vida de las víctimas, en un proceso justo, transparente y centrado en su reparación integral.
