El caso del Crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos en condiciones insalubres, reveló las omisiones en la supervisión del manejo de restos humanos, pero también los vínculos entre el Estado y con las funerarias.
En varias ocasiones, las autoridades confirmaron que entre las funerarias que solicitaron servicios de este crematorio se encuentran: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, advirtió que varias de estas empresas cuentan con convenios oficiales vigentes para brindar servicios funerarios a personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la activista, el gobierno de Chihuahua mantiene una política pública desde hace décadas para otorgar apoyos funerarios a la ciudadanía, a través de instancias como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
Explicó que, cuando una familia no puede cubrir los gastos de un sepelio, es canalizada hacia funerarias con las que el Estado ya tiene acuerdos establecidos, así como en esos casos, el proceso debe realizarse exclusivamente con dichas empresas, lo que restringe la libertad de elección de los deudos.

El convenio contempla un paquete básico con un monto que ronda entre los 8 mil y 9 mil pesos, pero si las familias desean servicios adicionales, como un ataúd diferente o mejoras en el tratamiento del cuerpo, deben pagar la diferencia directamente a la funeraria.
Cortés mencionó que entre las empresas con las que el Estado tiene convenio se encuentra Luz Divina, la cual se incluyó en la lista de las funerarias que solicitaron servicios de incineración al crematorio Plenitud.
Expuso que por esta razón, la incertidumbre también invadió a varias familias que recibieron apoyos del Estado, pues tras el hallazgo de los cuerpos, ahora se cuestionan si las cenizas que recibieron realmente corresponden a sus seres queridos.
A través de redes sociales familiares de víctimas compartieron sus dudas acerca de las cenizas recibidas / Foto: Facebook
Sobre los contratos por servicios funerarios que tiene la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), actualmente a cargo de Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, este medio solicitó una entrevista con la titular, en múltiples ocasiones a través de vía telefónica y mensajes. Sin embargo, no respondió ninguna de las solicitudes.
Incluso se solicitó entrevista con la titular de la dependencia a través del enlace de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la Zona Norte, pero tampoco se entregó una respuesta positiva, ya que se indicó que los servicios funerarios estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado.
No fue hasta el pasado martes 8 de julio que, en conferencia de prensa realizada en las oficinas de Pueblito Mexicano, que personal de Circuito Frontera cuestionó a la funcionaria acerca de los apoyos funerarios que brinda la dependencia, así como con cuáles funerarias sostenían convenios.
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Galindo señaló que sobre el tema de los servicios funerarios es la Fiscalía General del Estado la que se está haciendo cargo, mientras que por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común se ofrece apoyo psicológico a las personas que requieran acompañamiento.
“Debo precisar un tema. Yo estuve en la conferencia de prensa (realizada el 27 de junio, un día después del descubrimiento en el crematorio) y no tomé la palabra. Creo que estaba centrado en el tema en otra cosa. Sin embargo, hasta ese momento el número era otro. Entonces, nosotros estábamos listos de manera subsidiaria para ayudar a las familias.
Ya ahorita la instrucción es otra. La instrucción es que Fiscalía acerque a la reparación total de los daños, entonces hasta ahí nos quedamos. Nosotros tenemos apoyo psicológico, traumatológico también para personas que requieran un acompañamiento, nosotros podemos estar ahí. Hasta ahí me quedé, yo por eso ya no abordé más el tema”, dijo.
Los contratos y omisiones
Asimismo, luego de una consulta en la página de proveedores de Gobierno del Estado, fueron localizados dos contratos realizados entre la Fiscalía General del Estado y la funeraria Luz Divina, una de las señaladas por las autoridades de subcontratar al Crematorio Plenitud.
Uno de los convenios que realizó la Fiscalía General del Estado con la funeraria Luz Divina, se encuentra a nombre de María Manuela Silerio Meza, el cual se celebró el 22 de mayo del 2023, bajo el contrato SH/AD/020/2023 que se encuentra en el Portal de Contrataciones de Gobierno del Estado.
El documento refiere que la contratación se realizó por adjudicación directa, por un monto de 469 mil 800 pesos, por el servicio de inhumación de cadáveres desconocidos. Sin embargo, se desconocen las especificaciones de este convenio, ya que el documento que se cargó al portal no puede visualizarse.

La misma empresa realizó el convenio por adjudicación directa SH/AD/127/2024, también con la Fiscalía General del Estado, con fecha de inicio el 10 de octubre del 2024, por el servicio de inhumaciones de 200 cadáveres desconocidos en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez, por un monto de 536 mil 760 pesos.
Este contrato señala a Pablo Gerardo Ríos Villagómez, en su caracter de Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, y a Eva Patricio Franco López, en su caracter de Directora General de Administración de la Fiscalía General del Estado, a quienes se denomina como “El Gobierno” como los responsables de este convenio.

Mientras que el proveedor se identifica como el representante legal, bajo la constancia número 73642F24 del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal.
El contrato identifica a la empresa como Luz Divina Funeral Homes, sin embargo, al buscar el nombre comercial en el Registro Público de Comercio, el negocio no aparece, es decir, que el contrato se hizo con un particular.

Además de la falta de vigilancia institucional, la activista de la Red Mesa de Mujeres indicó que la organización documentó que algunas de estas funerarias ofrecieron un trato indigno a las familias, pues no se les dieron opciones para realizar los servicios funébres a su gusto.
Cortés recalcó que la revisión de convenios y el establecimiento de controles más estrictos son pasos necesarios para evitar una revictimización sistemática y garantizar que, incluso en la muerte, las personas sean tratadas con el respeto que merecen.
**ACTUALIZACIÓN 25 SEPTIEMBRE 2025**







