La omisión del Estado en la supervisión de espacios funerarios evidenció el hallazgo de más de 383 cuerpos en condiciones insalubres dentro del crematorio “Plenitud” en Ciudad Juárez, pero también la falta de la dignidad postmortem en el país.
Antonio Alejandro Trejo Sánchez, coordinador jurídico del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que este caso refleja una falla estructural en la vigilancia y regulación de las instituciones privadas que resguardan restos humanos.
También que este caso vulneró el principio de dignidad postmortem, sobretodo en un país como México, donde no existe una política pública sólida que contemple la protección de los cuerpos una vez que las personas fallecen.
Expuso que esa ausencia deja a miles de restos humanos en situación de abandono o maltrato, tanto en instituciones privadas como en forenses públicos, mientras que esta falta de regulación y vigilancia contribuye a prácticas sistemáticas que atentan contra el derecho a la dignidad, incluso después de la muerte.
El derechohumanista recalcó que cuando se permite que los cuerpos permanezcan por años sin identificar, sin cuidados adecuados o en condiciones de insalubridad, se evidencia una normalización de la violencia que se extiende más allá de la vida misma.
El especialista sostuvo que el respeto a los restos humanos debe considerarse un componente fundamental de los derechos humanos, especialmente en contextos marcados por la violencia y la desaparición forzada.
Por ello, dijo que para el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, este caso también evidencia la urgencia de revisar los marcos legales que rigen a las funerarias y servicios similares.
Asimismo que el hecho de que el crematorio “Plenitud” operara con permisos vigentes no exime al Estado de su responsabilidad de inspeccionar, auditar y sancionar a quienes incumplen con los protocolos establecidos.
El coordinador jurídico consideró que mientras no se reconozca la dignidad postmortem como un derecho humano autónomo, continuarán presentándose casos donde los cuerpos son tratados como objetos sin valor.
Recordó que el país vive una crisis forense, con miles de cadáveres sin identificar y sin condiciones adecuadas de resguardo, lo que hace aún más urgente incorporar este tema en la agenda pública.
Trejo Sánchez concluyó que la única manera de reparar el daño es iniciar una transformación profunda en la forma en que el Estado regula, vigila y actúa ante este tipo de violaciones, con el fin de asumir que la dignidad humana no termina con la vida.
