Más de 40 capturas de pantalla, mensajes, audios y videos forman parte de una carpeta de investigación por la presunta venta de información de víctimas y cobros vinculados a trámites funerarios desde la Fiscalía Zona Norte.
La denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 37-2025-0033398 desde noviembre del año pasado, tras presentarse ante la Unidad de Asuntos Internos de la corporación estatal, pero sin que hasta el momento presente avances.
Dora Elena Delgado, integrante del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, declaró a Circuito Frontera que el material entregado incluye más de 40 capturas de pantalla y al menos dos videos donde aparecen imágenes de cuerpos, nombres completos, números telefónicos y referencias directas para contactar a familiares.

Dijo que el caso también involucra la posible difusión de información sensible sobre personas fallecidas en hechos violentos, así como cremaciones directas a El Paso, Texas, la cual era compartida a través de conversaciones de WhatsApp con fines comerciales a funerarias y personas particulares.
Agregó que pese a que la situación se le notificó al titular de la Fiscalía Zona Norte, Carlos Manuel Salas, desde marzo del año pasado, hasta diciembre del 2025 no existía una denuncia formal ni tampoco una investigación al interior de la dependencia.
Sobre estos hechos, el equipo de Circuito Frontera solicitó a través del departamento de Comunicación Social la declaración oficial de la dependencia, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
¿Qué tienen los mensajes?
Las conversaciones evidencian una especie de “catálogo” de la información disponible, donde se muestran varios cuerpos a la vez, además de detalles como que la persona fallecida tenía dientes de oro, tatuajes, edad, sexo, rasgos físicos, lugar del fallecimiento, entre otros.
El material contiene comprobantes de depósitos y referencias a pagos que oscilan entre los 2 mil y 3 mil pesos, además de mensajes donde se solicita confirmar transferencias, elementos que fueron integrados como parte de la evidencia.

Las conversaciones datan de entre enero y marzo del 2025, donde se mencionan varias personas participando en las transacciones: Alonso Díaz, Ríos, la Perla, Antonio Castillo, Tony Semefo, Lencho Semefo, Juan Semefo, Cremación al chuco, lic Lizeth, lic Silva, entre otros.
Las imágenes también muestran los cuerpos de personas fallecidas en lo que parecen ser instalaciones oficiales, incluso algunos con carteles con los números asignados por la Dirección de Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) para su identificación con las iniciales SIEC.
Sin avances
La denunciante explicó que en uno de los videos el fiscal de la zona Norte, Carlos Manuel Salas, es cuestionado sobre estas prácticas por medios de comunicación, donde afirmó que no estaban permitidas y que, en caso de confirmarse, deberían sancionarse conforme a la ley.
– «¿Es común esta práctica? La entrega de dinero por parte de los funerarios», le pregunta uno de los reporteros al funcionario, a lo que responde: «No, no es común. Definitivamente no».
Delgado indicó que, en este caso, el supuesto número desde donde se compartía el contenido corresponde a un agente del Ministerio Público, un elemento que consideró preocupante y reforzó la decisión de llevar el caso ante instancias internas.
Agregó que a pesar de que presentó la denuncia, en la Fiscalía le negaron obtener una copia del expediente, luego de que no quiso revelar la identidad de quien le proporcionó el material que entregó como evidencia.
Funerarios
A estos elementos se suman testimonios de funerarios entrevistados, quienes, bajo la condición de anonimato, declararon que este tipo de prácticas son comúnes y, según su experiencia, se han repetido durante años.
Uno de los testimonios relató que, en diciembre pasado, tras la muerte de una persona en la vía pública, un agente le ofreció la información directamente una funeraria, con un costo aproximado de 14 mil pesos, antes de que la familia tomara una decisión.
También que es común que agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida de la FGE ofrezcan la información a cambio de una remuneración económica, entre precios que oscilan entre los 2 mil y 10 mil pesos.
Esta situación, según los testimonios, genera condiciones desiguales dentro del gremio, pues las empresas tienen acceso a datos sensibles, lo cual influye en la contratación de servicios en circunstancias de vulnerabilidad.
Algunos agregaron que se sabe sobre posibles cobros para facilitar procesos relacionados con cremaciones y servicios funerarios en El Paso, Texas, incluso de personas que fallecieron por muertes violentas.
Crematorio Plenitud
La vocera del colectivo «Justicia para Nuestros Deudos» señaló que estas presuntas prácticas revelan una serie de omisiones en las dependencias estales, como ocurrió en el caso del Crematorio Plenitud, luego de que 386 cuerpos fueron localizados sin incinerar en condiciones insalubres, el 26 de junio del año pasado.
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Delgado recalcó que los hechos presentados en esta denuncia son previos al hallazgo en el crematorio, donde están involucradas al menos ocho funerarias y dependencias de gobierno como la Secretaría de Salud, COESPRIS, FGE, PROFECO, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Ecología.
Sin embargo, expresó que aún mantiene un voto de confianza y espera que la Fiscalía investigue con sensibilidad y que garantice que la información de víctimas no volverá a usarse con fines ajenos a la ley, para poder recuperar la credibilidad en las instituciones.







