El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios mexicanos, fueron acusados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y «Los Chapitos», según dio a conocer una corte federal de Estados Unidos.
Sin embargo, autoridades mexicanas declararon que la acusación no tiene suficiente sustento legal para proceder.
Sobre la acusación, el gobierno norteamericano dio a conocer un documento presentado en la corte del Distrito Sur de Nueva York en el que se señala a funcionarios estatales y municipales por supuestamente facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían protegido cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de permitir operaciones del grupo criminal sin intervención de autoridades, incluso en casos de violencia.
¿Qué acusa Estados Unidos?
El documento señala que los funcionarios sinaloenses formaron parte de una red de corrupción que permitió al Cártel de Sinaloa operar con respaldo institucional, la cual incluía la filtración de información sobre operativos, protección de rutas de tráfico y la designación de funcionarios en puestos clave para garantizar el control territorial.
En el documento, también se menciona la presunta relación con la facción conocida como “Los Chapitos”, así como reuniones entre funcionarios y líderes del grupo criminal antes y después de procesos electorales.
¿Quiénes son los acusados?
El caso incluye a diez funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles de gobierno en Sinaloa, quienes enfrentan cargos por narcotráfico, uso de armas de alto poder y conspiración.
Cabe resaltar que las penas corresponden a los rangos establecidos por la ley estadounidense, pero no implican una sentencia automática.
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa — Pena: cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República/exsecretario general de Gobierno — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de Policía de Investigación — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de Policía Estatal — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de Policía Municipal — Pena: cadena perpetua obligatoria (por secuestro con resultado de muerte).
¿Qué pruebas menciona la acusación?
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó un documento basado en una investigación en curso, en la que se incluyen elementos que esa autoridad considera indicios de la presunta red.
Entre ellos se mencionan reuniones con líderes del cártel, la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales, pagos sistemáticos de sobornos y control de corporaciones de seguridad para facilitar operaciones ilícitas .
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También se incluyen listas de pagos mensuales a funcionarios, en las que se detallan montos aproximados de 300 mil pesos mensuales a Marco Antonio Almanza Avilés y su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, de la Policía de Investigación; 200 mil pesos para el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, así como 100 mil pesos para el mando policial José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” .
La acusación agrega que estos pagos se habrían realizado de forma constante durante años a diversos funcionarios, a cambio de permitir el traslado de drogas, filtrar información sobre operativos y evitar detenciones de integrantes del grupo criminal.
Además, el expediente menciona aseguramientos de droga vinculados a la investigación, principalmenete decomisos de fentanilo, cocaína y metanfetamina en distintos operativos en Estados Unidos.
¿Qué dice la FGR?
La Fiscalía General de la República informó que recibió solicitudes de detención con fines de extradición, pero aclaró que el caso debe analizarse conforme a la ley mexicana antes de cualquier acción.
El vocero Ulises Lara López de la corporación federal indicó en un video difundido en redes sociales que se revisará la documentación para determinar si existen datos de prueba suficientes y, de forma paralela, se abrirá una investigación en México para verificar los señalamientos.
La FGR sostuvo que la solicitud estadounidense no incluye, hasta el momento, elementos probatorios contundentes, por lo que no es posible proceder de manera inmediata conforme a la legislación nacional.
En México «ningún funcionario puede ser detenido únicamente por una acusación extranjera sin que exista evidencia validada por autoridades nacionales», además de que en casos como gobernador o senador se requiere un juicio de procedencia para retirar el fuero.
El avance del caso dependerá de la evaluación de pruebas y del cumplimiento de los requisitos legales para una eventual extradición, mientras los señalados se mantienen bajo el principio de presunción de inocencia.
