Detenida y a más de 3 mil 500 kilómetros de su hogar, una mujer hondureña relató que fue obligada a trabajar hasta 10 horas diarias durante cinco meses, por una remuneración de apenas 1 dólar, mientras estuvo bajo la custodia federal en un centro de detención en Texas.
«Ahí adentro me quitaron mi dignidad y mi familia con mala alimentación, trabajando de 8 a 10 horas por paga de un dólar al día, limpiando baños y tallando paredes», narró durante una protesta realizada el pasado 25 de abril en contra del nuevo espacio en Socorro.
Según su testimonio, las condiciones con las que operan estos centros buscan presionar a las personas detenidas para fomentar su autodeportación, luego del desgaste físico y psicológico que viven.
Sin embargo, las denuncias son solo una parte de un sistema complejo, pues, de acuerdo con la herramienta ICE Detention Trends del Vera Institute of Justice, en febrero de este 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operaba en 456 instalaciones y para marzo, solo 425 centros estaban activos.
No obstante, el análisis de datos recopilados muestra diferencias entre las instalaciones registradas en las cifras oficiales y la operación en campo, ya que, en su portal la agencia solo reconoció 220, sin considerar el uso de ‘salas de espera’, hospitales, hoteles y secciones de aeropuertos.
Industrialización del terreno
Esta expansión física coincide con adquisiciones estratégicas en la frontera, como ocurrió en la ciudad de Socorro, donde el pasado mes de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la compra de 255 mil metros cuadrados (63 acres) por un monto de 122.8 millones de dólares, según consta en la escritura de garantía general (Warranty Deed).
We're starting to see public docs for some of the 4 warehouses in Texas @ICEgov plans to use as detention centers
— Aarón Torres (@AaronTorres_) February 5, 2026
In San Antonio, DHS paid $66 million for the property (h/t @madisoniszler)
In El Paso, DHS paid $122 million for where it plans to have a "mega" detention center⬇️ pic.twitter.com/js7TpiKWf7
De acuerdo con el Federal Register, en noviembre de 2023 el gobierno de Estados Unidos autorizó la creación de la Zona de Comercio Exterior No. 302 en Socorro, Texas, un esquema que permite el desarrollo de infraestructura vinculada al comercio internacional en esa región.
La adquisición, realizada a la empresa El Paso Logistics II LLC en la subdivisión industrial Eastwind, se localiza dentro del área contemplada en esa designación, lo que vincula el predio con un entorno habilitado para actividades logísticas en la frontera.
¿Quién es El Paso Logistics II LLC?
La transacción por 122.8 millones de dólares se realizó con El Paso Logistics II LLC, una empresa con domicilio fiscal en Prairie Village, Kansas, donde Hunter Harris aparece como directivo, de acuerdo con el reporte de estatus de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas (Texas Comptroller of Public Accounts).
Según el Informe de Información Pública (PIR) de 2025, Harris es además socio fundador del corporativo Flint Development, el cual, según su portal oficial, tiene como modelo de negocio identificar terrenos estratégicos para dotarlos de infraestructura y conectividad antes de su transferencia a grandes operadores.
Los documentos oficiales consultados por Circuito Frontera revelaron que El Paso Logistics II LLC concretó la venta al gobierno federal apenas semanas después de que el terreno fuera incluido en los beneficios de la Zona de Libre Comercio No. 302.
El predio fue transferido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ubicado en una zona con infraestructura logística, un espacio que, según organizaciones civiles, podría convertirlo en uno de los centros de mayor capacidad del país.
Bajo esta lógica, activistas señalaron que el complejo podría incorporar infraestructura logística como conexión ferroviaria y áreas de procesamiento, lo que facilitaría el traslado de personas detenidas en la región.
La criminalización
El pasado 25 de abril, activistas y representantes de organizaciones civiles denunciaron que el gobierno planea utilizar esta infraestructura de carga pesada y “espuelas ferroviarias” para industrializar la deportación de personas.
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Marissa Limón Garza, directora de Las Americas Immigrant Advocacy Center, señaló que el complejo está proyectado para albergar hasta 8 mil 500 personas, lo que elevaría la capacidad regional a aproximadamente 15 mil camas de detención.
La activista hizo un llamado a la resistencia junto a las autoridades de Socorro, quienes también se pronunciaron en contra del centro de detención, ya que las acciones del gobierno federal atentan contra el derecho de la región a prosperar.
De acuerdo con Fernando García, director del Border Network for Human Rights (BNHR), esta industrialización del sistema de detención responde a una política que impacta principalmente a población migrante sin antecedentes penales.
«This is not just a detention center; it is a deportation factory built on industrial logistics to move people as if they were cargo. We are witnessing the industrialization of human suffering» ————————————————-
«Esto no es solo un centro de detención; es una fábrica de deportación construida sobre logística industrial para mover a las personas como si fueran carga. Estamos presenciando la industrialización del sufrimiento humano», declaró Fernando García, director de BNHR.
Esta expansión se suma a la red de centros de detención que ya opera en el área de El Paso, Texas, incluyendo instalaciones como el centro de detención en East Montana. Mientras que, según el Vera Institute of Justice, el sistema ha registrado un total histórico de mil 490 instalaciones en Estados Unidos.
Sin embargo, de este total solo el 30 por ciento permanecían activas a inicios de 2026, lo que representa una capacidad que podría reactivarse mediante nuevos contratos, como se proyecta en Socorro.
Agregó que el sistema mantiene un flujo de 20 mil 450 personas procesadas, donde el 96.9 por ciento carece de antecedentes criminales o condenas previas, además de que registró un alza del 91 por ciento en la habilitación de centros para familias y niños.
García refirió también que hubo un incremento del 600 por ciento en los arrestos de la comunidad en general, lo que calificó como una «cacería» para alimentar la capacidad operativa de las naves industriales.
