A diez meses del hallazgo de 386 cuerpos y cuatro esqueletos en Crematorio Plenitud, más de mil 500 familias continúan sin respuestas claras, mientras persisten cuestionamientos sobre responsabilidades institucionales y operación de funerarias vinculadas al caso.
El colectivo, Justicia para Nuestros Deudos, dirigió un posicionamiento público a autoridades estatales y municipales, entre ellas la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, a quienes exigieron avances verificables en las investigaciones.
El documento señala que ocho funerarias relacionadas con el caso continúan ofreciendo servicios, entre ellas Latinoamericana, Luz Divina, Protecto Deco, Milagros, Camino al Cielo, Del Carmen, Monte de los Olivos y Paraíso, esta última ahora bajo otra razón social.
Operaciones bajo cuestionamiento
Las familias cuestionaron por qué estas empresas siguen activas pese a su vinculación con el apilamiento de cuerpos en el crematorio, mientras no se han transparentado sanciones administrativas o penales que delimiten responsabilidades en el manejo de restos humanos.
El colectivo también refirió que presentaron denuncias por presunta corrupción el 26 de agosto en Chihuahua y el 3 de diciembre en esta frontera, sin que hasta el momento exista una resolución pública sobre el seguimiento de estos señalamientos.
En su posicionamiento, señalaron omisiones de distintas instancias, entre ellas la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, encabezada por Maribel Próspero Cobos, así como inconsistencias en actas expedidas por el Registro Civil.
Impacto institucional
También cuestionaron la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, dirigida por Norma Ledezma, al considerar insuficiente el acompañamiento a las familias afectadas durante audiencias y procesos relacionados con el caso.
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El colectivo indicó que la Secretaría de Salud Estatal no ha emitido posicionamientos públicos que clarifiquen el impacto sanitario del caso, pese a tratarse de un manejo irregular de cuerpos que implica riesgos y responsabilidades en materia de salud pública.
Las familias reiteraron que las mesas de trabajo con autoridades deben traducirse en acciones concretas, al señalar que el caso refleja fallas estructurales en supervisión, regulación funeraria y procuración de justicia que permanecen sin resolverse a diez meses del hallazgo.
