Luego de que se diera a conocer que presuntamente José A. C., dueño del Crematorio Plenitud, se encontraba prófugo de la justicia, pese a que tiene pendiente el proceso jurídico ante la Fiscalía General del Estado, familiares y colectivos reclamaron avances firmes en el caso.
Dora Elena Delgado, vocera del Colectivo Justicia para Nuestros Deudos, dijo que son más de mil 500 familias afectadas, por lo que pidió que las autoridades activen todos los protocolos de búsqueda para localizar nuevamente al propietario del establecimiento.
La activista también solicitó que la Fiscalía investigue y vincule a proceso a la esposa y madre del dueño del crematorio, quienes aparecen como copropietarias del establecimiento y deben ser incluidas dentro de las investigaciones.
Expuso que es necesario evitar errores dentro de uno de los casos con mayor impacto social que se han registrado en Ciudad Juárez, pero también en el país, a poco más de un mes de que se cumpla un año desde el hallazgo.
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Delgado señaló que la Fiscalía mantiene una responsabilidad moral, ética y jurídica con las familias afectadas por el Crematorio Plenitud, por lo que consideró necesario utilizar toda la capacidad institucional disponible para avanzar en la localización y reaprehensión del imputado.
La representante del colectivo advirtió que el caso ya no deja margen para equivocaciones, por lo que cientos de las familias exigen que se presenten respuestas claras y procesos judiciales contra quienes resulten responsables.
“Estamos hablando de una Fiscalía que no permite y que le han negado el derecho a las familias a interponer demanda y que aún teniendo el recurso para las cenizas, o sea, si no hay esa demanda no se puede generar la la guardia y custodia de las cenizas para poderlas entregar al laboratorio que ya tenemos contactado”, dijo.
La activista además sostuvo que el caso refleja omisiones institucionales dentro de distintas dependencias estatales vinculadas con salud pública, registro civil y supervisión funeraria, además de cuestionar la permanencia de funcionarios señalados públicamente.
También que las familias enfrentan obstáculos para interponer denuncias y avanzar en procesos relacionados con identificación y resguardo de cenizas, situación que consideran clave para realizar estudios independientes y obtener respuestas.
