Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, incluidos el gobernador del estado y un senador, por presuntos vínculos con el crimen organizado, deben revisarse conforme a derecho, señaló el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
El funcionario expresó su respaldo a la postura de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, luego de que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar la información presentada por autoridades estadounidenses.
“La presidenta fue muy clara en que se va a revisar la información, y lo que corresponde jurídicamente es que la Fiscalía haga su trabajo y, si hay elementos, proceda conforme a derecho”, declaró el alcalde.
Indicó que el proceso debe centrarse en la revisión de las pruebas y que será la autoridad competente quien determine si existen elementos suficientes para proceder legalmente o descartar las acusaciones.
Asimismo consideró que el tema debe abordarse con seriedad, al tratarse de señalamientos contra funcionarios públicos, en un contexto político que no debe restar atención al contenido de la investigación.
¿Cuáles son las acusaciones?
Estas declaraciones se dan luego de que una corte federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y Los «Chapitos».
De acuerdo con el documento, los implicados habrían participado en una red de corrupción relacionada con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mediante protección de operaciones, filtración de información y presuntos pagos a funcionarios.
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En tanto que personal de la Fiscalía General de la República informó desde el pasado miércoles 29 de abril que el caso se encuentra en revisión y que se analizará conforme a la legislación nacional antes de cualquier acción legal.
También que el avance dependerá del análisis de pruebas y de los requisitos legales para una posible extradición, mientras las personas señaladas mantienen el principio de presunción de inocencia.
Estos son los acusados por el gobierno de Estados Unidos:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa — Pena: cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República/exsecretario general de Gobierno — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de Policía de Investigación — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de Policía Estatal — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán — Pena: cadena perpetua; mínimo de 40 años.
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de Policía Municipal — Pena: cadena perpetua obligatoria (por secuestro con resultado de muerte).
**CON INFORMACIÓN DE FRANCISCO SERVÍN**
