Integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos continúan señalando responsabilidades institucionales por el hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Pueblo Gamboa, entre estos a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de posibles omisiones en sus funciones.
Dora Elena Delgado, representante del colectivo, entregó un oficio dirigido a Claudia Verónica Morales Medina, titular de la dependencia municipal, en el que se plantea formalmente la presunta omisión institucional en la supervisión y regulación del inmueble.
Según el documento, la Dirección de Desarrollo Urbano tiene atribuciones directas sobre el otorgamiento de licencias de uso de suelo y funcionamiento para este tipo de establecimientos, lo que la vincula al caso.

En el escrito se detalla que el crematorio operaba en condiciones presuntamente irregulares desde hace más de cuatro años, incumpliendo disposiciones sanitarias, ambientales y de seguridad civil.
Delgado insistió en que, aunque algunas instituciones no tienen una relación directa con el funcionamiento del crematorio, el deber ético obliga a señalar cualquier posible responsabilidad.
Asimismo que la exigencia principal del colectivo es que se esclarezca la actuación de cada autoridad en el otorgamiento, supervisión y revocación de permisos, así como las acciones de seguimiento que se aplicaron o se dejaron de aplicar durante el periodo en que el crematorio almacenó los cuerpos.
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Mientras que Alejandra Herrera, también integrante del colectivo, señaló que las acciones emprendidas hasta ahora han incluido una serie de manifestaciones pacíficas para visibilizar la indignación y el descontento por la forma en que las dependencias involucradas han manejado el caso.
Aunque reconoció que ha habido avances y que algunas instituciones han atendido sus solicitudes, aseguró que el proceso de identificación de cuerpos sigue siendo lento y carente de información concreta para los familiares.
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Dijo que de las más de 130 personas que forman parte del colectivo, ninguna ha recibido confirmación oficial sobre la identidad de sus familiares, así como la espera prolongada resulta frustrante y dolorosa, ya que las familias deben lidiar con la incertidumbre, el duelo y la falta de respuestas claras.
En su caso particular, relató que contrató un servicio funerario con la Funeraria Latinoamericana tras el fallecimiento de su madre en febrero de 2022, pero que nunca fue informada de que el servicio de cremación sería subcontratado a otro establecimiento y mucho menos que los restos serían enviados al crematorio Plenitud.
Desde entonces, ha buscado esclarecer el destino de los restos de su madre, acudiendo a la Fiscalía y entregando documentación, pero enfrenta negativas por parte de la funeraria, luego de que se rehúsan a entregarle los documentos relacionados con el servicio contratado.