El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que oficialmente fueron localizados 383 cuerpos y seis restos humanos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, los cuales se encontraban en condiciones insalubres.
El funcionario también declaró que, de acuerdo con las estimaciones de los peritos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), algunos cuerpos tenían entre tres y cuatro años almacenados en el crematorio.
“Yo creo va a ser difícil a veces determinar esto porque como todos tienen tratamiento. Esto hace que los residuos orgánicos ya no sirvan, me explicaban los peritos y para determinar la data de tiempo, etcétera. Pero, según los cálculos y por la experiencia de ellos, mínimo de 4 a 3 años había cuerpos ahí”, dijo.
Funerarias involucradas
En conferencia de prensa realizada en la capital del Estado, Jáuregui Moreno señaló que al menos seis funerarias habrían entregado cuerpos al crematorio “Plenitud”, entre estas se encuentran: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
Mencionó que aún se investiga si existe una relación contractual directa entre estas empresas y el crematorio o si operaban con intermediarios. Sin embargo, advirtió que se procederá legalmente contra todos los involucrados, incluyendo a quienes omitieron supervisar.

Informó que ya fueron ejecutadas dos órdenes de aprehensión, una en contra del propietario del establecimiento, identificado como José Luis Arellano Cuarón y otra en contra Facundo Martínez Robledo, trabajador del lugar.
Dijo que ambos enfrentarán cargos por los delitos de inhumación indebida de cadáveres, según lo previsto en el Código Penal y también por delitos contemplados en la Ley General de Salud, relacionados con el uso y disposición de restos humanos.
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El fiscal refirió que en el caso de la inhumación indebida de cadáveres, las penas que contempla la ley van de 2 a 3 años de prisión y, en el caso de la Ley General de Salud, de resultar responsables podrían enfrentar penas que van de 6 a 16 años.
“Aparecerán quienes hubiesen tenido un trámite en una funeraria, porque hay que recordar que estos cuerpos fueron recibidos por funerarias, llevaron el duelo de las familias ahí y, posteriormente, esta empresa, la dueña del crematorio, recoge esos cuerpos para realizar el servicio de cremación, cuestión que obviamente no se realizó”, agregó.
COESPRIS También será investigada
Indicó que los cuerpos presentaban tratamientos previos como embalsamado, pulseras hospitalarias y bolsas mortuorias, lo que indica que pasaron por funerarias antes de ser enviados a la empresa, sin que el proceso de cremación se realizara.
El hallazgo apunta a un esquema sistemático de fraude: funerarias que subcontrataban el servicio, cobraban por él y permitían que los restos terminaran abandonados.
Sin embargo, cabe resaltar que la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), el órgano responsable de las inspecciones sanitarias, autorizó y mantuvo vigentes los permisos del crematorio, pese a que este dejó de operar formalmente hace al menos tres años.

El fiscal general del Estado señaló que la COESPRIS también será investigada, al haber realizado revisiones anuales sin detectar irregularidades.
“Hasta donde yo sé, los documentos que presentó COESPRIS establecían que el negocio tenía permiso vigente. Es el dato que tengo y COESPRIS tendrá que responder porque hizo declaraciones en torno a que había hecho algunas revisiones. También eso vamos a investigar”, comentó.
Jáuregui Moreno además refirió que, debido al número de cuerpos almacenados en el lugar, el negocio no estaba prestando el servicio, así como este lunes a las 12 del mediodía se llevaría a cabo una audiencia de vinculación a proceso de uno de los detenidos.

Agregó que a pesar de que no se han presentado denuncias formales de familiares, esperan que con la publicación del listado de funerarias involucradas se inicie una ola de reclamaciones, especialmente por parte de quienes creyeron haber recibido las cenizas de sus seres queridos.
Reiteró que ninguno de los cuerpos será cremado sin antes establecer su identidad y que las autoridades trabajarán para dar certeza a cada familia, así como tienen instrucciones de dar absoluta claridad sobre este caso.