Organizaciones de Derechos Humanos señalaron que la disculpa pública que ofrecerá este viernes 26 de septiembre el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, a las víctimas del incendio registrado en la estacia migratoria de Ciudad Juárez en el 2023 no representa el cierre del caso.
Cabe recordar que 40 personas que murieron en el incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, 27 hombres más resultaron heridos con secuelas graves de por vida y 15 mujeres sobrevivieron al siniestro.
Al respecto, la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) aclaró que este acto no representa el cierre del caso ni la asunción de responsabilidades por parte del Estado Mexicano, ya que hasta el momento no se ha reconocido a los afectados como víctimas.
A través de un comunicado de prensa, la organización señaló que se trata de un requisito impuesto por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para conceder la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta Francisco G. Y. por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por el que ha permanecido en libertad desde el inicio del juicio.
Por ello que la disculpa es personal y simbólica, pero no debe interpretarse como un acto de arrepentimiento ni como una exoneración.
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Para que exista una verdadera reparación integral, las organizaciones exigen que las 82 víctimas —40 migrantes fallecidos, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes— reciban compensación económica adecuada.
Hasta ahora, la mayoría de los hombres sobrevivientes o familiares de los fallecidos han recibido algún apoyo económico, pero las mujeres no han sido reconocidas como víctimas, lo que les impide acceder a la compensación y a una estancia humanitaria debidamente documentada.
DHIA, junto con la Fundación para la Justicia, la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), señalaron que todas las personas vinculadas al proceso penal deben enfrentar juicio hasta sus últimas consecuencias, sin beneficios procesales injustificados.
AQUÍ PUEDES CONSULTAR EL POSICIONAMIENTO COMPLETO DE DHIA
Asimismo, exigen investigar las responsabilidades del gobierno de Ciudad Juárez y que el Estado Mexicano implemente modificaciones legislativas para eliminar la detención migratoria, con el fin de garantizar que hechos como este no se repitan.
El incendio de la estancia migratoria evidencia la política mexicana de contención hacia las personas migrantes y la responsabilidad irrenunciable del Estado en proteger a quienes se encuentran bajo su custodia.
Pues, la disculpa pública de Francisco G. Y., coordinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y financiada con recursos públicos, no sustituye la obligación del gobierno de garantizar justicia, reparación integral y medidas para prevenir futuras tragedias.
Mientras no haya acciones concretas, la tragedia del 27 de marzo de 2023 seguirá marcando la falta de respuesta estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor y la vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
