Todo pasó en 4 minutos. La habitación se llenó de humo y las llamas fueron captadas por las cámaras de seguridad hasta que ya no se vio nada.
Hoy se cumple un año del incendio registrado en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron y 27 más resultaron lesionadas.
A 365 días de este suceso ni las investigaciones han concluido ni las víctimas han recibido justicia. Así empezó todo.
En el transcurso de 240 segundos, la Estancia Provisional B ardió completamente, cobrando la vida de cuatro decenas de personas.
Antes de eso, en un video se muestra cómo algunos migrantes quitan las colchonetas donde estaban acostados dentro de su celda y le prenden fuego.
El guardia de seguridad se va para solicitar ayuda, pero a pesar de que acuden elementos migratorios, el lugar comienza a incendiarse. Sin embargo, las puertas de la celda están cerradas.
Aquí abajo, el video cámaras de seguridad Instituto Nacional de Migración
Tras varias horas de la noche y de la madrugada, elementos de Bomberos terminaron por extinguir el fuego.
Por la mañana autoridades del Gobierno Federal emiten un comunicado oficial en donde reportan el fallecimiento de 39 personas y 29 lesionados, quienes fueron catalogados en estado de salud delicado-grave, así como todos son hombres mayores de edad.
También se indica que a raíz del incidente, un total de 68 personas fueron resguardadas.
El incendio fue reportado pasadas las 9:30 de la noche del lunes 27 de marzo del 2023, dentro del inmueble federal, ubicado entre la calle Lerdo y General Rivas Guillén, a un costado del Puente Internacional “Lerdo” mejor conocido como “Santa Fe”.
Testigos de lo ocurrido relataron que el fuego fue iniciado por parte de migrantes que se encontraban recluidos en el lugar, los cuales buscaban la manera de salir por la fuerza, ya que durante el día habían sido retirados de las calles mediante redadas encabezadas por personal del INM y apoyadas por la Guardia Nacional.
Al día siguiente aún se sentía el ambiente caliente afuera de la estación migratoria y el olor a cenizas era penetrante, pero más aún el dolor de los amigos y algunos familiares de las víctimas.
“Y ahí Migración no hace nada. Están viendo que se están quemando. Ignorantes, ábreles la puerta”- dijo Katiuska desesperada – “Porque eso es una reja, de eso no hay escapatoria. Aquí hay dos y solo dos entradas: esa y la parte de la salida, que ayer pasé y vi pues”, platicó Katiuska una mujer de origen venezolano que llegó a Ciudad Juárez en tren, junto con su esposo y sus hijos, “guerreando” con otros migrantes.
En ese momento ella no lo sabía, pero más tarde las autoridades darían a conocer oficialmente que los migrantes fallecidos pertenecían a las siguientes nacionalidades: un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos.
Tres días después del incidente, autoridades federales informaron que sería el propio INM quien haría el traslado de los cuerpos a su lugar de origen.
Mientras que afuera del INM, los días se convirtieron en horas de protestas, de indignación y de tristeza para la comunidad migrante, a quienes se unieron también los fronterizos.
Algunas personas trajeron una manta azul y botes de pintura blanca; el trozo de tela de alrededor de cinco metros de largo fue tendido sobre la banqueta, en la que, con distintas caligrafías, se impregnaron los nombres de todas las personas fallecidas.
@circuitofrontera 🗓️ A unos días del incendio en el Instituto Nacional de Migracion en #ciudadjuarez una niña migrante reclama a los responsables. “No somos animales ni tampoco somos pollos”, sentenció. A un año del incendio, aún no hay justicia para los migrantes que perdieron la vida ni sus familias. #estadosunidos #méxico🇲🇽 #migrantesvenezolanos #migrant #migrantes_latinos #frontera #migracion #migrantes #fronteramexicousa #usa #fypシ゚viral #fy #cdjrz #border #circuitofrontera #migrantesporelmundo #cdjuarez #news #ciudadjuarezchihuahua #venezolanos #noticias #inm #derechoshumanos #incendio ♬ Aspiración – HCTM
Desde entonces se cerró la Estancia Provisional B del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, la cual hasta la fecha continúa sin operar, al igual que 33 estancias más en toda la República Mexicana.
Semanas después del incidente, los cuerpos de las víctimas comenzaron a salir en vuelos hacia El Salvador, Guatemala y Venezuela en un avión militar CASA 295.
Mientras que varios campamentos se comenzaron a conglomerar afuera de la instancia federal migratoria y de la Presidencia Municipal, los cuales con el tiempo fueron crecimiento llegando a ser hasta 33 campamentos.
También hubo quienes prefirieron alojarse en hoteles económicos en la zona Centro, pero también en casas y predios abandonados.
Sin embargo, autoridades municipales operaron una campaña para desalojarlos, ya que consideraron que la seguridad de las personas migrantes estaba en peligro en esos lugares.
Estos campamentos se expandieron rápido, pues incluso crecieron tanto que llegaron a crear una mini urbe migrante que se incrementó 7.5 veces en dos semanas.
Incluso activistas aseguraban que la intensa movilidad de migrantes apostados en distintos puntos de la ciudad podría haber sido de una población de entre 15 y 20 mil.
Una megacarpa fue habilitada por autoridades municipales y federales.
Este lugar comenzó a operar a partir del 22 de mayo, luego de que cientos de migrantes fueran desalojados, de nueva cuenta, afuera de las instalaciones de la Presidencia Municipal, en donde llegaron a localizarse hasta 150 viviendas improvisadas, a través de casas de campaña.
El albergue improvisado fue colocado en el área de Los Hoyos de El Chamizal, un espacio que se encuentra en una zona inundable de acuerdo con un documento del IMTA. Sin embargo, hasta el momento sigue en este lugar.
Las acciones oficiales
El 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva.
Se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y de ello se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que certificara las condiciones éstas y determine cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.
139 días después, el mismo Gobierno Federal emite un documento donde especifica que el INM reconoce el fallecimiento de 40 migrantes extranjeros y las heridas sufridas por 27 más, como resultado del incendio provocado por dos personas de origen venezolano.
Recientemente, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que hasta la fecha se instalaron mil 511 detectores de humo en espacios de alojamiento migratorio y en nueve instalaciones se han colocado tomas de agua para incendio (hidrantes), así como 23 alertas sísmicas.
Se ordenó el retiro inmediato de las rejillas de protección metálica de medallones y costados de 424 unidades vehiculares de transporte que se utilizan para el traslado de personas migrantes extranjeras en el país.
Asimismo, la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la carpeta de investigación derivada del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023.
También que no fue hasta a partir del 20 de junio del 2023 en que la autoridad migratoria implementó un programa integral y progresivo en materia de Protección Civil para sus espacios de alojamiento.
Las omisiones
La empresa de seguridad privada “Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV” que operaba en el Instituto Nacional de Migración (INM) incurrió en al menos nueve omisiones, dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, declaró este viernes en una tercera rueda de prensa sobre este tema.
“Este contrato será reincidido, reiteraoms se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en al menos nueve omisiones”, señaló.
Dijo que existe un contrato de la institución migratoria con la empresa de seguridad que se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios.
La empresa operaba en 23 estados de la República, así como de su contrato establece que tenía una vigencia 1 de marzo al 31 de diciembre del 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones.
#CasoINM La empresa de seguridad privada "Grupo de Seguridada Privada CAMSA SA de CV" que operaba en el INM de #CiudadJuarez incurrió en al menos nueve omisiones, dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana @rosaicela_ pic.twitter.com/8RpLhwNarF
— Circuito Frontera (@Circuitofronte1) April 1, 2023
Los detenidos
Los funcionarios vinculados a proceso por este hecho fueron: Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre, y Gloria Liliana Ramos García.
Además de dos personas migrantes: Jaison N., y Carlos Eduardo C., ambos de nacionalidad venezolana.
Una serie de audiencias de vinculación a proceso de los funcionarios y las personas migrantes se llevaron a cabo durante meses, situación que aún no concluye.
Aunque en estas, también se dieron a conocer varias irregularidades que ocurrían dentro del Instituto Nacional de Migración, incluso antes de que ocurriera el incendio.
Durante la audiencia inicial del delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se reveló por parte de la Fiscalía General de la República que mediante las entrevistas a los sobrevivientes del incendio, las personas migrantes capturadas y recluidas en la Estancia Provisional B recibían ofertas por parte de los oficiales, a cambio del pago de mil dólares, dejarlos en “libertad”.
El testigo identificado como M. A. G. P. relató que ” si querían salir, tenían que pagar mil dólares”, aunado a un trato duro por parte de los guardias quienes no daban de comer. También relató que una de las frases comunes en su contra era: “Nadie les ha dicho que vinieran a México”, esto ante los malos tratos y humillaciones.
Justicia para Juan Carlos Meza
Sin embargo, la ley ha sido injusta no solo con las víctimas y sus familias sino con varios de los involucrados, especialmente con Juan Carlos Meza Cumplido, quien era coordinador del Grupo Beta y quien, a diferencia del resto de los funcionarios, su puesto no lo involucraba como responsable.
Leonardo Lara Ferreiro, abogado de Legal Estudio Jurídico y defensor de Juan Carlos Meza, platicó a Circuito Frontera que hasta el momento se logró fijar una garantía económica de 2 millones de pesos para que pueda llevar su proceso legal en libertad, monto que aún no reúne su familia.
También que el Juez de Control aceptó la imposición de un brazalete electrónico, una vez que se junte esta cantidad.
Cabe recordar que Juan Carlos Meza Cumplido es señalado por la Fiscalía General de la República como uno de los presuntos responsables, tras presentar un documento en donde lo señalan como encargado de la Unidad de Protección Interna, un documento que carece de todas las firmas de los intervinientes.
El abogado de Legal Estudio Jurídico señaló también que Juan Carlos Meza no se encuentra detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada ni tampoco por prisión preventiva oficiosa, sino que quedó en un limbo jurídico sin poder llevar su proceso en libertad.
“El principal motivo por el cual está detenido Juan Carlos es porque la Fiscalía alega que era responsable de Protección Civil del inmueble. Para ello, ellos anexan un acta constitutiva donde lo asignan a él, pero nosotros hemos alegado desde el inicio que ese documento no fue firmado por Juan Carlos”, explicó.
La defensa señaló que el ex coordinador del Grupo Beta no puede ser responsabilizado de haber causado daños a las personas migrantes materialmente, ya que su detención se basa en cuestiones administrativas y burocráticas.
“Juan Carlos está detenido por una designación que no fue bien hecha y por irregularidades administrativas. Él es el único con el que se están agarrando, es la base de la pretensión de la Fiscalía, no hay otra cosa”, afirmó el abogado.
También expuso que Juan Carlos no está detenido por prisión preventiva ni oficiosa ni justificada, debido a que la Fiscalía tampoco pudo justificar una detención preventiva, aunque sí se encuentra dentro de un “limbo jurídico”.
“Nosotros ya logramos, digamos la parte jurídica, que es lo importante que el juez redujera de 20 millones a dos millones. Esa es una y la imposición del brazalete electrónico. A diferencia de los otros detenidos, ellos siguen con la medida cautelar de prisión preventiva, pero Juan Carlos está digamos ahorita en un en un limbo jurídico porque él está ahí detenido por falta de recursos”, sentenció.
