Las últimas semanas, productores agrícolas de Chihuahua y Ciudad Juárez han bloqueado carreteras, tomado oficinas gubernamentales y marchado contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Su mensaje es claro: el gobierno federal viene por su agua, por sus tierras y por su forma de vida.
Pero cuando se revisan los documentos oficiales, las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el marco legal vigente desde 1917, emerge una historia distinta, luego de que la reforma no elimina concesiones masivamente ni prohíbe la agricultura.
Lo que hace es fiscalizar un sistema plagado de irregularidades y recordar un principio constitucional incómodo: el agua nunca ha sido propiedad privada. Este choque entre percepción y realidad legal está en el centro del conflicto.
@circuitofrontera Adrián LeBarón, líder campesino, quien advirtió que los productores permanecen en resistencia ante la falta de garantías para la siembra, el acceso al agua y la comercialización. Expuso que, durante la actual administración federal, más de un millón de campesinos dejaron de producir y millones de hectáreas quedaron sin cultivar, lo que representa un retroceso crítico en la soberanía alimentaria. #ciudadjuarez #noticias #news #fyp #aduanafronteriza ♬ sonido original – Circuito Frontera
El miedo en el campo
En las concentraciones de Delicias, Cuauhtémoc y el Valle de Juárez, los agricultores repiten cuatro acusaciones: Primero, que la revisión de títulos es el preludio de una cancelación masiva de concesiones. «Nos están quitando el agua», repiten en las tribunas.
Segundo, que la prohibición de heredar o vender concesiones dejará sin valor sus tierras. Para muchos productores, el agua es lo que convierte un predio árido en patrimonio familiar.
Tercero, que la fiscalización obedece a criterios políticos. Algunos señalan que los productores afines al gobierno federal no han sido inspeccionados con el mismo rigor. Cuarto, que el agua recuperada terminará en manos de grandes empresas, urbanizadoras o megaproyectos políticos, no en beneficio de las comunidades.
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Estas percepciones no son infundadas desde la experiencia cotidiana. Chihuahua es un estado semidesértico donde el riego depende de acuíferos sobreexplotados, pozos antiguos y canales informales, donde la inseguridad documental es común.
Muchos títulos son heredados, incompletos o están registrados con datos imprecisos. En ese contexto, cualquier revisión oficial se vive como una amenaza.
¿Qué ha hecho realmente Conagua?
La propuesta de reforma enviada por el gobierno federal en septiembre de 2025 incluye una revisión nacional de concesiones. Según datos de Conagua, de los 536 mil títulos registrados en México, se han revisado 482 mil 14. De esos, se detectaron 58 mil 938 irregularidades.
Las irregularidades más frecuentes incluyen 29 mil 539 títulos con fechas de vencimiento inconsistentes, 18 mil 753 con coordenadas falsas o duplicadas, 272 títulos agrícolas usados para otros fines y 197 concesiones urbanas en manos de particulares.
Como resultado de esas revisiones, Conagua realizó 3 mil 912 inspecciones y aplicó 490 clausuras o suspensiones. Es decir, menos del 1 por ciento de los títulos revisados ha sido cancelado, por lo que la narrativa de un cierre masivo de pozos no se sostiene con las cifras oficiales.
Además, la dependencia reporta haber recuperado 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua, provenientes principalmente de concesiones vencidas, duplicadas o fraudulentas.
En términos de recaudación, los ingresos por derechos de agua pasaron de 19 mil 410 millones de pesos en 2024 a 22 mil 349 millones en 2025, un aumento atribuido a la regularización de pagos y la instalación de medidores.
Sin embargo, el punto más polémico de la reforma no está en las cancelaciones sino en la prohibición de transmitir concesiones. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los títulos ya no podrán venderse, heredarse ni transferirse. Los derechos quedan sujetos al titular, no a la tierra.
Propiedad o concesión
El Artículo 27 de la Constitución establece desde 1917 que las aguas de ríos, lagos y cuerpos de agua son propiedad de la nación. Ninguna concesión constituye un derecho de propiedad, sino un permiso temporal y revocable.
Sin embargo, durante décadas, el sistema hídrico mexicano funcionó como si las concesiones fueran propiedad privada: Los títulos se heredaban, se vendían junto con la tierra y se usaban como garantía hipotecaria. La reforma no inventa esta restricción: solo la hace explícita y la aplica.
Para el productor, el agua es patrimonio familiar. Para el Estado, es un bien nacional que no puede privatizarse. Esa tensión no es nueva, pero la reforma la pone en el centro del debate público.
Quién gana y quién pierde
La reforma beneficia al Estado, que recupera control sobre concesiones irregulares y aumenta la recaudación. También beneficia a usuarios urbanos en zonas con estrés hídrico y a agroindustrias que cumplen normativas y pueden pagar los costos de regularización.
Pero pierde el pequeño productor sin papeles actualizados, el heredero de tierras donde el agua era el valor real y las comunidades rurales que ya viven en precariedad hídrica. También pierden quienes construyeron su vida sobre un sistema que permitía tratar concesiones como propiedad privada.
Y en medio de esa disputa, la impunidad de casos como el de César Duarte y el legado del modelo neoliberal de Peña Nieto refuerzan la percepción de que el poder se fiscaliza de manera selectiva y que el campo mexicano ha sido sistemáticamente abandonado en favor de intereses corporativos.
