A pesar de que es el Estado mexicano quien debe administrar justicia pronta y expedita, desde hace cuatro meses la Federación recortó los recursos para organismos de la sociedad civil.
Esta situación no solo empeoró las condiciones en que viven miles de personas que dependían de algún servicio de organizaciones civiles, como ocurre en el caso de mujeres víctimas de violencia.
El recorte presupuestal supone que son las mismas asociaciones quienes sobreviven con recursos propios y además terminan cumpliendo la función que le corresponde, directamente, al Estado.
Así lo manifestó el doctor en Derecho, César Juárez, abogado de asociación civil “Sin Violencia A.C”.
Explicó que de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo, concretamente, en cuanto al acceso a la justicia se refiere textualmente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen la leyes.
Por ello se deberá emitir resoluciones de manera completamente imparcial y pronta, además de que su servicio será gratuito.
“Lamentablemente en México, la justicia ni es pronta ni es expedita, pero no es concretamente al tema que me quiero referir, en el análisis de ese segundo párrafo del artículo 17 constitucional se entiende que es el Estado Mexicano quien deberá impartir justicia y que además este será pronta y expedita”, señaló.
Sin embargo, expuso que desde hace cuatro meses, es la sociedad civil quien realiza “la chamba del Estado”, tal como ocurre en el caso de los refugios de mujeres, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El especialista refirió que son muchas organizaciones las que atienden mujeres, niñas y niños, las cuales llevan alrededor de cuatro meses que no reciben recursos por parte de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, por lo que han tenido que trabajar con recursos propios y a través de convenios para la atención a víctimas.
“En la lógica pura, si todavía le hacen la chamba al Estado Mexicano, lo que por ley él debe de hacer, y todavía se le regatean recursos. Además que dista del cumplimiento o constitucional que lo obliga a dar acceso a la justicia pronta y expedita irrumpe el trabajo de estas organizaciones y del personal que tienen a cargo y están violentando derechos humanos”, recalcó.
Consideró que si se hace el promedio de cuatro meses sin recibir sueldos para las personas profesionales que en estos asociaciones refugios trabajan, se trata de una vulneración completa a sus derechos humanos, por lo que el Estado Mexicano debe garantizar los recursos de manera más ágil.
“En una plena empatía con la asociaciones que le hacen la chamba, no debe pues tardar para que el Estado Mexicano le ofrezca y otorgue tales recursos para esta labor tan importante que hacen estas organizaciones de la sociedad civil”, concretó.
