La empresa paraestatal Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS) concesionó en la pasada administración casi la mitad de los recintos portuarios de La Paz, cobrando cuotas iniciales reportaron ganancias por más de 250 millones de pesos que cuyos recursos fueron usados para fines ajenos a su gestión, como la construcción de plazas y entronques carreteros. Ante la presión social y la opinión pública, la paraestatal asegura que auditora los contratos.
**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**
La Paz, Baja California Sur.– A las concesiones “arbitrarias” entregadas por la APIBCS durante la gestión de José López Soto, se suman presuntas irregularidades en las obras públicas que realizó la paraestatal a un conjunto de espacios que no están vinculados con el mantenimiento de los recintos portuarios, y que hoy en día se encuentran con “vicios ocultos”, mientras que en otros casos las obras están “inconclusas” física y administrativamente.
VER: Bajo el Mar (Parte 1/2): En auditoría, concesiones “arbitrarias” en la Administración Portuaria de BCS https://circuitofrontera.com/2022/08/03/administracion-portuaria-de-bcs-recibio-cientos-de-millones-de-pesos-en-concesiones-lesivas-parte-i/
Un ejemplo evidente de ello es la construcción de la tercera y cuarta etapa de remodelación del malecón costero de La Paz. Las obras fueron licitadas en 2020 y pagadas con recursos del ejercicio 2020 y 2021, cuando la paraestatal gozó de los recursos de las “cuotas iniciales” de sus diferentes cesiones parciales.
En el caso de la tercera etapa del malecón ésta no está terminada, aun cuando ya fue inaugurada, por lo que dicha obra está en revisión de la API.
Para estas dos etapas se contrató a la empresa Inmobiliaria Ecuenl, S.A. de C.V, así como para la remodelación de la Plaza Emiliano Zapata en Ciudad Constitución culminada en 2022.
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la empresa cuyo principal accionista es Eduardo Cuen López, se constituyó al inicio del gobierno de Carlos Mendoza Davis. Durante ese periodo se detectó que fue ganadora de 17 contratos de construcción y remodelación en licitaciones públicas por un total de 23.1 millones entre 2017 y 2020.
La APIBCS también realizó obras en centros de población del estado que ni siquiera tienen acceso al mar, como la capital de Comondú, Ciudad Constitución en el corazón del Valle de Santo Domingo.
Ahí, APIBCS entregó a un grupo de empresas una obra para reconstruir la plaza Emiliano Zapata con una inversión de 23 millones de pesos.
La obra que fue iniciada en marzo del 2021 a escasos cinco meses de culminar el anterior gobierno estatal y a días de iniciar la veda electoral, tuvo un sobreprecio que elevó su costo final de 34 millones de pesos.
Otra empresa contratada por la APIBCS fue Construcciones Rore, S de RL de CV, propiedad de Jesús Antonio Gómez Montoya.
Gómez Montoya fungió como primer regidor en el Ayuntamiento de Los Cabos por el PAN, en la misma campaña que compitió Carlos Mendoza Davis como gobernador. Y encabezó el cuerpo edilicio de aquel municipio durante el periodo en que Arturo de la Rosa Escalante fue presidente municipal de 2015-2018.
Además de regidor, Gómez Montoya fungió como presidente municipal interino entre abril y septiembre de 2018, cuando De la Rosa buscó la reelección a la alcaldía.
Luego de cumplir sus funciones como edil sustituto se le adjudicaron 10 contratos a su empresa por un total de 119.2 millones de pesos, esto ocurrió entre los años 2018 y 2021.
A la empresa Deraney Constructora, S. de R.L. de C.V, propiedad de Ricardo Geraldo Lucero, y que fue constituida en 2016 ante el Registro Público del Comercio, se le otorgaron por lo menos 18 contratos de obra pública por un total de 45 millones de pesos, entre 2016 y 2021.
Como menciona el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2018-2023, que rige las operaciones de la APIBCS, la contratación de obra fuera de los recintos portuarios no es uno de los objetivos primarios de la paraestatal.
Esto fue reiterado en entrevista por Narciso Agúndez Gómez, quien consideró que obras como las arriba detectadas están fuera de las atribuciones de la API.
Auditoría externa
Tras reconocer que Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (BCS) otorgó concesiones “ventajosas” en bienes nacionales de alto valor inmobiliario, a través de la recaudación de “cuotas iniciales” mientras los recursos de la paraestatal fueron usados para fines diferentes a los establecidos en los planes de desarrollo portuario; las autoridades en turno inician actos para auditar el uso del recurso que genera la administración de los puertos locales.
Como se divulgó en la entrega anterior de este reportaje, APIBCS recibió más de 250 millones de pesos al concesionar casi la mitad del actualmente sujeta a concesión. Esto fue por medio de contratos autorizados afectando inclusive espacios usados por la comunidad como es embarcadero en El Manglito; que se concesionó con una cuota inicial de 4 millones de pesos a favor de un particular sin informar con anticipación a los usuarios del que podría ser el último botadero público de la comunidad.
“El dinero no desapareció como tal. Se tradujo en obra…sin embargo no se le invirtió en lo que realmente interesaba a la API que eran los puertos”, añadió Agúndez Gómez, quien aun cuando se mostró consciente de la necesidad social que existe en las colonias de BCS sostuvo que esa no era labor de la paraestatal.
“Nuestra responsabilidad como API Baja California Sur es mantener los puertos a la vanguardia, que realmente tengamos las tecnologías, que demos un servicio eficiente”.
Por el supuesto desvío de recursos que se dio en la administración anterior, Agúndez Gómez solicitó una auditoría a una empresa externa para determinar si el recurso se gastó adecuadamente.
“El tiempo de ejecución de la auditoría es de alrededor seis meses. Ya les estaría presentando los resultados de ésta. Recibimos un listado de obras donde los vicios ocultos y la mala calidad de las obras están a la vista de todos. El área de ingeniería de APIBCS hizo un comunicado para resarcir los vicios ocultos. Hubo quien respondió, hubo quién no. (Pero todas las empresas) Deberán responder con base en la Ley”.
En relación a la petición de los prestadores de servicios y pescadores de El Manglito, quienes solicitaron al gobernador que se dé marcha atrás a la concesión, Agúndez Gómez respondió que la autoridad portuaria no puede hacer mucho al respecto.
Aun así, sostuvo que a los pescadores de la cooperativa se les va a integrar al proyecto, sin especificar cómo.
Pero aun cuando el nuevo titular de la APIBCS sostiene que no se puede hacer nada para deshacer un pacto que él mismo reconoció como “arbitrario” y que se entregó a una empresa vinculada a un empresario conocido de su padre el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, los prestadores de servicios y pescadores de El Manglito como Jorge Osuna Tamez y Nezahualpilli Tovar continúan con su resistencia civil pacífica para tratar de recuperar lo que hasta hace unos meses era el último embarcadero público de La Paz.
