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    Frontera, Migración

    Acusa ONG violación de derechos humanos en desalojo de migrantes

    01.12.2022

    Fotografía: Karen Cano / Circuito Frontera

    Karen Cano / Circuito Frontera

    El sacerdote encargado de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo, lamentó el desalojo de migrantes venezolanos que mantenían su campamento a orillas del Río Bravo y lo consideró una violación a los derechos humanos.

    Lo anterior, debido al uso de la fuerza pública para ello, lo que se considera fue un amedrentamiento y una criminalización de estos grupos de personas en movilidad, las cuales, al estar dispersas por la ciudad, corren mayores riesgos que los que ya corrían en el campamento.

    “Porque creo que hay muchas maneras, por eso hoy quise voltear al pasado del 2018, ya lo tuvimos (campamentos de migrantes). No entiendo porqué ahora alguien de Derechos Humanos, algunos personajes de gobierno, entraron y vieron y llevaron a la policía para poder trasladarlos”, apuntó el religioso.

    Esto en remembranza de lo ocurrido dicho año, cuando migrantes se apostaron en los puentes internacionales, y después, fueron reubicados dentro de albergues.

    La Casa del Migrante se ubica en la colonia Satélite y es uno de los albergues con más trayectoria de servicio en la ciudad / Karen Cano

    Destacó que, en aquella ocasión, recibieron alrededor de mil 700 y que, en este momento, se encuentran en condiciones de albergar a 700 e incluso más.

    “Invitamos muy en especial a los tres niveles de gobierno a que reconsideren estas acciones y muy en especial al gobierno federal, que tome su papel el tema de la migración, es un tema federal, no municipal y no estatal ¿Por qué? Porque muchos venezolanos traen permiso y ese permiso no lo dio ni el municipio, ni lo dio el Estado ese ese permiso lo dio el gobierno federal”, declaró.

    El pasado domingo, tras varias horas de diálogo, el campamento mantenido por cientos de venezolanos a orillas del río fue retirado.

    Desde entonces, se ha reportado que algunos de ellos intentaron establecerse de nueva cuenta en otro parque público, no obstante, fueron retirados por la misma policía.

    Esto mismo, señaló Calvillo, los ha dejado más vulnerables, pues estando dispersos podrían ser más fácilmente víctimas de la delincuencia.

    “Personal de Derechos Humanos del Municipio insiste que no se violó ningún derecho humano, pero creo que la visión de un político, de un servidor público, es muy diferente a una visión de Derechos Humanos”, expresó.

    Finalmente, recalcó que aunque se entiende que las condiciones en las que se encontraba el campamento no eran las más seguras, el uso de la fuerza pública es una criminalización a esta población que atenta contra su dignidad y supone una falta de sensibilidad por parte de las autoridades.

    Agregó que algo que se pretende próximamente es utilizar algunas construcciones del centro para poder crear un albergue cerca del puente, pues es esta cercanía con la frontera lo que convence a los migrantes de permanecer en un lugar.

    Incluso, señaló, buscan adoptar una propiedad del desaparecido cantautor Juan Gabriel, ubicada en este sector, y que están en pláticas con su familia para poder utilizar el espacio.

    Organizaciones civiles realizan pronunciamiento

    La asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) emitió un pronunciamiento en el que solicitó que se emita una disculpa por parte del alcalde Cruz Pérez Cuellar y el director de Derechos Humanos Santiago González Reyes, por el operativo realizado el pasado 27 de octubre.

    “Como una medida reparatoria es importante que la SSPM (Secretaría de Seguridad Pública Municipal) en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio diseñen, transparenten y pongan en marcha una campaña de sensibilización para informar y empatizar sobre las condiciones que enfrentan las personas refugiadas, así como las implicaciones de la ayuda humanitaria”, solicita el documento.

    Diversas organizaciones condenaron el desalojo de migrantes debido al uso de la fuerza pública / Karen Cano

    Asimismo, pide garantizar la no repetición de acciones de securitización –ver a las personas en movilidad como amenaza prominente para la seguridad nacional –y clarificar las distintas versiones proporcionadas por la Secretaría del Ayuntamiento, Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio respecto al número de traslados voluntarios realizados a albergues, posterior al desalojo.

    El documento fue firmado por diversos organismos de diferentes partes del país, y colocado en redes sociales por DHIA y puedes consultarlo aquí.

    Desalojo-con-antimotines-1Descarga

    Casa del Migrante Migrantes Venezolanos venezuela Violencia

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