En 2019, el gobierno federal cometió irregularidades en la compra de insecticidas, propició un año récord de contagios y muertes de dengue en el país, la gran mayoría de esos productos se aplicaron a destiempo y algunos se adquirieron a sobrecostos.
En mayo de 2019, Cristian Palomares padeció dengue, una enfermedad ocasionada por el mosquito Aedes Aegypti, el cual se reproduce en espacios con agua y que de acuerdo con cifras oficiales, aquel año provocó en México, 43 mil 362 casos.
Estudiaba en el Centro Universitario de la Ciénega de Jalisco, en México y pese a las intensas fumigaciones para matar al mosquito, estas fueron insuficientes, como también la atención médica a cargo del gobierno federal.
Llegó al Hospital General de Zona de Ocotlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con dolores musculares, fiebre, cansancio, náuseas y mareos, tardaron más de seis horas en sospechar su padecimiento, pero no lo confirmaron, porque los casos solo se reportan si el paciente cuenta con prueba diagnóstica mediante análisis de sangre.
Al avanzar su enfermedad optó por contactar a una pasante de medicina, ella aceleró el tratamiento y salió adelante, pero esta no fue la misma historia para 371 personas que fallecieron por dengue en todo el país en aquel 2019 o en comparación a los más de tres mil casos de dengue grave, que tuvieron sangrado en encías, nariz y dolor en huesos.
Este testimonio, es parte de la primera crisis sanitaria en el sexenio del presidente López Obrador, meses antes del desabasto de medicamentos oncológicos y la pandemia de COVID-19, los casos de dengue se triplicaron con respecto al año anterior y las muertes casi quintuplicaron.El incremento fue a causa de la omisión intencional del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), organismo encargado de las compras de insecticidas, que en ese año, benefició a siete empresas proveedoras, provocando el retraso de las adquisiciones, su distribución, disposición y la fumigación en 31 estados del país.
Adjudicación directa, con irregularidades
En 2019, las compras de insecticidas para el combate al dengue se realizaron aproximadamente cuatro meses más tarde a lo habitualmente establecido y sin validar la justificación e investigación de productos efectuada por CENAPRECE.
El sitio de contratos del gobierno federal COMPRANET, puntualiza que en los tres años anteriores, la mayoría de los contratos de insecticidas se realizaron de marzo a mayo, e incluso desde 2014 estas compras se aprobaban antes del primer semestre.
Las compras de insecticidas en 2019 se efectuaron el seis agosto y a partir de ese año y hasta 2022 las contrataciones se realizan de junio a septiembre.
Ante este retraso, el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos AC (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, indicó para este reportaje que la crisis de dengue en 2019 apareció por omitir programas contra esta enfermedad y por la falta de continuidad.
Tras el incremento de dengue, a un mes de la compra tardía de fumigantes, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció en conferencia de prensa, que las adquisiciones sí se hacían antes, pero con el retraso dijo, “no cambia la operación” de los programas de combate a esta enfermedad.
También negó que esto haya causado el ascenso de casos y justificó el atraso por la supuesta implementación de procesos más exigentes en la contratación de empresas y a los mercados de compras los calificó de “amafiados”.
Añadió que del total de las compras de insecticidas que se realizan en el país, el gobierno federal adquiere una tercera parte y el otro 66 por ciento está a cargo de los estados.
Es de referir que para adquirir estos productos químicos, los gobiernos deben considerar los lineamientos y recomendaciones del CENAPRECE, dependencia que realiza investigaciones, verificaciones y evaluaciones de los insumos.
Por la compra tardía, la Cámara de Senadores, exhortó en septiembre al gobierno federal, exponer las acciones de prevención contra el padecimiento y las adquisiciones de insecticidas, en su contestación, Salud únicamente detalló actividades de promoción de la salud, vigilancia, fumigación, comunicación y reuniones con estados.
También anexó la “Solicitud de Excepción a Licitación Pública de Insecticidas”, para comprobar las compras. En ese documento se hallaron propuestas de adjudicaciones para las adquisiciones, que fueron presentadas por el CENAPRECE junto con una justificación e investigación de mercado.
El documento señala que el 30 de julio, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Salud Federal (CAAS), autorizó 186.8 millones de pesos para las adquisiciones, pero los numerales tres de los puntos de acuerdo señalan que “el dictamen no valida la información contenida en la justificación ni en la investigación de mercado que presenta el área requirente, quien es responsable de la veracidad de la información vertida en dichos documentos”.
Las compras de insecticidas, como en años anteriores, requería de Adjudicación Directa y en esta ocasión se concedió a siete empresas
La supuesta investigación de mercado presentada por el CENAPRECE, a cargo de Ruy López Ridaura, consistió únicamente en la búsqueda de contratos en COMPRANET por concepto de insecticidas y la solicitud de 33 cotizaciones a igual número de empresas, de las cuales no existen acuses de recibido.
Los oficios para cotizar precios, fueron fechados el tres de julio y 20 días más tarde, López Ridaura, pidió la compra directa e inmediata, a través del CAAS, que sesionaría una semana posterior.
De las cotizaciones, 26 no se respondieron y en las siete restantes, informaron que solo contaban con “algunos de los productos solicitados”, incluso presentaron artículos que sí podían ofertar y con ello se inició la aprobación de la partida presupuestal para “Plaguicidas, abonos y fertilizantes”, que incluye la compra de insecticidas.
Al respecto la Coordinadora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Fernanda Avendaño, criticó en medios este tipo de mecanismos que conducen a las compras directas, presentan riesgos de corrupción, minimizan la competencia y crea ineficiencia de recursos; estas prácticas en 2019 y 2022 aumentaron en el gobierno federal.
También la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró diversas anomalías en la compra de insecticidas durante 2019, que la llevó a realizar 15 recomendaciones a la Secretaría de Salud y levantó siete procedimientos de responsabilidad sancionatoria, además señaló anomalías administrativas, financieras, normativas y de eficacia de los químicos solicitados por CENAPRECE.
La ASF también halló debilidades en el control y supervisión de los programas de combate al dengue, falta de actualización de manuales e informes de la aplicación, destino y resultados de los insumos, inconsistencias en la programación de adquisiciones y del suministro de los recursos en tiempo y forma.
“De todos los pedidos no se proporcionó evidencia documental que acredite que el proveedor entregó a los titulares de los almacenes de las entidades federativas los programas de muestreo, los informes de cumplimiento, los avances de las entregas, y las cartas garantías contra fallas…”, se cita en relación a dos contratos de pedidos que fueron seleccionados en esa auditoría.
Factores y contradicciones
El retraso en la compra de insecticidas fue a causa de omisión intencional del CENAPRECE, pues de acuerdo con la programación de ese año, debió adquirirlos desde el mes de febrero y con el atraso se presentaron factores adicionales, pero el gobierno federal buscó justificaciones, mostrando más contradicciones que verdades.
Al repunte de casos, se prolongó la temporada de lluvias, el medio perfecto para el mosco que provoca dengue, “el último cuatrimestre del año, fue el periodo que dejó lluvias por arriba del promedio”, así lo cita el Reporte Anual 2019 del Sistema Meteorológico Nacional.
El Doctor César Cabezas Sánchez, especialista internacional en el tema de dengue, señala que las lluvias y los depósitos de agua son un factor para la proliferación del mosquito.
La etapa con mayor cantidad pluvial se reportó a un mes de las compras, septiembre aportó el 20.1 por ciento de la lluvia anual, a causa del huracán Lorena y la tormenta tropical Narda, ciclones que ingresaron por el Pacífico, así como la tormenta Fernand que entró por el Golfo de México.
Además el continente americano alcanzaba el mayor número de casos de dengue en su historia, con 2.7 millones de pacientes y más alarmante, en Brasil, Guatemala y México, circularon las cuatro variedades del virus del dengue, que influyeron en el agravamiento de la epidemia, señaló la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Cuando en los últimos días de julio, CENAPRECE había entregado los oficios para solicitar la aprobación de contrataciones, México ya tenía 5 mil 749 casos de dengue, que ya representaban un aumento de 1.7 veces más con relación a los 2 mil 119 casos, en la misma fecha de 2018.
Cifra relevante porque las autoridades federales refirieron que no se ejecutaron las compras a cambio de robustecer los mecanismos de contratación, al encontrar que se carecía de bases técnicas y científicas para el uso de determinados insecticidas y porque incluso se pactaban las compras.
Sin embargo, es contradictorio porque la recomendación para comprar productos inició en octubre de 2018, con la convocatoria en el diario oficial, para la “inclusión de insumos y equipos” para combatir el dengue, productos que previamente deben contar con registros sanitarios y evaluaciones académicas.
El Doctor López-Gatell dijo “quisimos hacerlo de manera muy rigurosa, muy transparente, consultamos a expertos nacionales, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tuvimos distintas reuniones de trabajo, e identificamos cuál podrían ser los esquemas de equivalencias de este tipo de productos”.
Documentos obtenidos vía transparencia para esta investigación detallan que el gobierno federal efectuó 20 reuniones con OPS en 2019, pero nunca se trataron asuntos de dengue o la sustitución de productos insecticidas, tampoco en la Reunión Nacional del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, efectuada en abril de 2019.
Detrás de los supuestos procesos rigurosos y exigentes que refirió López-Gatell, no hubo siquiera un aviso previo a los empresarios y tampoco se realizaron análisis de resultados de estos productos.
González Cepeda, de la UMFFAAC, detalla que los programas de consumo de ciertos insecticidas están avalados por organizaciones internacionales, pero en México la suspensión fue bajo una ideología, con negativas, con hipótesis y no realidades, criticó.
El empresario afirmó que el mercado de compras gubernamentales de insecticidas, de acuerdo con los contratos de 2019 a 2022, equivale a mil millones de pesos y no se percibe competencia de empresas, pero en cambio, se dan adjudicaciones directas, bajo condiciones diferentes como el retraso.
Empresas y pruebas de omisiones
La ASF, en la misma revisión a la cuenta pública 2019, da evidencia de irregularidades como omisiones y procesos administrativos fuera de lineamientos en la adquisición de insecticidas.
Por su parte López-Gatell Ramírez, después de señalar como amafiadas a las empresas proveedoras de estos químicos, simplemente negó pruebas de posibles delitos, pero al igual que en otros sexenios, ahora también son beneficiadas.
Los contratos fechados el seis de agosto de 2019 fueron asignados a las empresas:
- Codequim, por 82 millones 431 mil 355 pesos
- Fomento Biotecnológico Ambiental, por 39 millones 270 mil pesos
- Bayer de México, por 30 millones 900 mil 227 pesos
- Public Health Supply and Equipment de México (PHS), por 17 millones 199 mil 612 pesos
- Orange Line Vet por 6 millones 259 mil 360 pesos
- Grupo Ikerri, por 5 millones 927 mil 96 pesos
- Eco Suministros, por 4 millones 825 mil 402 pesos
COMPRANET detalla que de los años 2013 a 2018, participaron en convenios al menos 17 empresas distribuidoras de insecticidas, químicos o control de plagas. Las siete empresas beneficiarias de 2019, ya habían ganado contratos en el sexenio anterior, también en 2020, 2021 y 2022 (a excepción de Grupo Ikerri, en los últimos dos años).
Dato relevante es que el 30 de septiembre, habían pasado siete semanas desde que inició el suministro de insecticidas y en esa fecha se alcanzó el pico de la epidemia al registrar en tan solo una semana, 2 mil 594 nuevos casos, superando en número, al total de los primeros cinco meses del año.
También en esas fechas eran entregados insecticidas con ingredientes larvicidas que debieron aplicarse meses antes, al iniciar la temporada pluvial.
David Roiz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como especialista en ecología y epidemiología, costos económicos y efectividad de medidas de control de enfermedades transmitidas por vectores, señala que los larvicidas deben entregarse de forma temprana.
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Con el retraso de compras, se provocó la omisión de medidas preventivas de fumigación, sugeridas por la vigilancia epidemiológica, por ello el Doctor Cabezas Sánchez, coincide que el uso de los insecticidas depende principalmente de la previa supervisión de las enfermedades transmitidas por el mosco y no pueden usarse de forma mecánica.
Incluso, enfatizó que cuando se usan los insecticidas es porque se ha fracasado en la prevención y el uso indiscriminado provoca resistencia del mosco, señaló el también Especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Instituto Nacional de Salud del gobierno de Perú.
Pese a la vigilancia epidemiológica de los estados, fue lenta la reacción del gobierno federal y a decir de los supuestos mercados amafiados, el propio López-Gatell reviró que no tenía pruebas de corrupción o colusión entre empresarios y funcionarios, pero la auditoría posterior, si refirió “otros datos”.
Otras irregularidades fueron:
- El cronograma de contratación fue aprobado el 29 de enero, sin características de las adquisiciones, cantidad y tipo de plaguicida e insecticida.
- La compra debió ser el 28 de febrero, instrucción que se omitió y con ello la planeación en tiempo y forma de la licitación de contratos.
- La coordinación, supervisión y control de pago a los proveedores estuvo a cargo de la Dirección de Operación, sin que esto fuera autorizado.
- En la vigilancia y evaluación de recursos presupuestarios e insumos ministrados y suministrados a entidades federativas, se detectaron otras anomalías.
El documento anterior fue entregado a las direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de dos secretarías, Salud y Hacienda, sin los formatos adecuados, pues “no contienen un apartado para establecer las características de la adquisición, ni la cantidad suficiente de bienes”, cita la ASF.
Sobreprecios; los bidones de oro
El gobierno federal, a través del CENAPRECE, gastó el 33 por ciento de su presupuesto destinado a la adquisición de insecticidas para el combate al dengue, en sobreprecios de productos químicos.
Las empresas mexicanas proveedoras Codequim y PHS, vendieron los productos Malation y Spinosad, los cuales equivalen al 44.6 por ciento del total de los insumos. Al no adquirirse con fabricantes, se destinaron más de 56.4 mdp en sobrecostos.
Malation tuvo un sobreprecio de 50.2 mdp
Malation, fue el insecticida de mayor compra por parte del gobierno federal, se adquirió a la empresa Codequim y asignó 68 millones 184 mil 408 pesos, por concepto de 4 mil 993 bidones de 20 litros (cada bidón costó 13 mil 656 pesos y cada litro, 682.8 pesos), según consta en el expediente 1962827 de COMPRANET.
Tras distintas búsquedas en bases de datos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), en la página de Codequim y empresas fabricantes de químicos, se detectó que el insecticida es producido en Dinamarca, directamente por FMC Corporation, empresa estadounidense de químicos con sede en Filadelfia, Pensilvania.
El Malation es producido en el país europeo por Cheminova A/S, propiedad de FMC, en México, se llama Lethalmist® 44 EW y es ofertado en la página de Codequim, a través de una Carta de exclusividad firmada por FMC Agroquímica de México y en Colombia, recibe el nombre Acuafin® 440 EW y su venta está a cargo de Cheminova Agro de Colombia S.A.
Al igual que en México, el producto también se encuentra disponible en páginas de internet, Al cotejar las hojas de seguridad, en ambos insumos coinciden los datos más importantes, la fórmula molecular, la familia química de organofosforados, el ingrediente activo e incluso, el número 121-75-5 asignado por el Servicio de Resúmenes Químicos (CAS), del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por conducto del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
El producto de la misma fórmula es más económico en Colombia, puede ser adquirido por las leyes de libre comercio y es ofertado en el mercado, por ejemplo, a través del sitio entufinca.com, por el equivalente a 179.44, pesos mexicanos, el litro.
La adquisición en México fue por un total 99 mil 860 litros y CENAPRECE habría gastado únicamente 17.9 mdp. Con fecha de cambio de moneda a marzo de 2022, el costo por litro en México, a diferencia del mercado en Colombia, es de 503.36 pesos más alto.
Spinosad tuvo un sobreprecio 6.2 mdp
El Spinosad de PHS recibe el nombre de Natular G30 y fue comprado con sobreprecio de 6.2 mdp con el proveedor, a diferencia del fabricante.
Este insumo se adquirió por 15 millones 116 mil 712 pesos, por concepto de 507 cajas con dos bolsas de 10 kilogramos (cada caja costó 29 mil 816 pesos, cada kilogramo mil 490.8 pesos), así refiere el expediente 1962827 de COMPRANET.
La página https://www.phmexico.com/ promociona los productos Natular DT, Natular EC y Natular G30, con el mismo componente y el documento de productos recomendados por el CENAPRECE, precisa que el insecticida Spinosad Granular 2.5%, tiene el registro RSCO-USP-32-2015 con el nombre comercial Natular G30.
PHS, detalla que el componente de Natular G30 es “Spinosad al 20.6%, Larvicida granular de aplicación directa” y no coincide con el porcentaje 2.5% de ingrediente activo que citan los documentos oficiales.
Por ello se indagó en el sitio Marcanet y se encontraron cinco solicitudes para la marca de insecticida Natular, (Natular DT, Natular EC y Natular) a nombre de Cmcp México S.A. de C.V y Clarke Mosquito Control Products, Inc. Otros dos expedientes fueron promovidos por Public Health Supply, para las marcas Natular DT, Natular EC.
Tampoco se localizó la marca Natular G30, pero la empresa Clarke Mosquito (de acuerdo con el expediente 1180190 de Marcanet) solicitó que su registro fuera de tipo nominativo, es decir, para permitir que sea constituido por palabras, números, signos o diseños diversos.
Por ello, al buscar en el sitio oficial de Clarke (https://www.clarke.com/), en el apartado Productos para mosquitos, sección Larvicida Natular se describe a la marca como un portafolio completo con fórmulas desarrolladas exclusivamente por Clarke, que funciona en cuatro etapas de larvas.
Clark ofrece NATULAR en ocho fórmulas y al encontrar el Natular G30, la etiqueta del producto si describe que el ingrediente activo posee 2.5 % de Spinosad y el restante 97.5 %, de otros ingredientes.Al tener este hallazgo, en el portal de Forestry Distributing, Inc., principal compañía de productos biológicos, semioquímicos, y productos orgánicos certificados, de Estados Unidos, el costo de Natular G30 Granular Larvicide Clarke al 24 diciembre de 2021, fue de 772.95 dólares por un saco por 40 libras (18.1437 kilogramos) con envió de tres a cinco días.
Por el equivalente a 15 mil 950.67 pesos mexicanos se adquirirían 18.1437 kilogramos o 879.12 pesos por cada kilogramo, son 611.67 pesos menos que el costo reportado por el gobierno de México, que fue de mil 490.8 pesos por cada kilo.
De haber adquirido los 10 mil 140 kilogramos del Spinosad 2.5% al precio de Forestry Distributing, habría destinado únicamente, 8 millones 914 mil 377.186 pesos. El sobreprecio es de 6 millones 202 mil 334.814 pesos, por este químico en México.
El fabricante Forestry Distributing, Inc. ofrece exclusividad a Clarke, quien a su vez vende el químico a PHS, el contratista final del gobierno federal. Esta marca recibió nuevamente derechos por el IMPI y tiene una vigencia hasta el año 2031 y su registro sanitario por COFEPRIS hasta noviembre de 2025.
Los supuestos procedimientos rigurosos no evitaron ahorros en la compra de químicos, pues por ejemplo el Pirimifos-metil de Eco Suministros, además de los larvicidas, Metopreno de la empresa Orange Line Vet y Piriproxifen de Grupo Ikerri, fueron comprados al mismo precio que el año 2018.
El gobierno federal también compró a Bayer de México, el insecticida residual Bendiocarb a un costo de 33 mil 481 pesos, por unidad, 975 pesos más que el año anterior.
Récords, más retrasos y estados afectados
Los estados que a principios de septiembre de 2019 presentaban la mayor cantidad de casos, mantuvieron esta tendencia hasta finalizar el año. Con base en reportes de entidades, se comprueban retrasos de los químicos y sustitución de productos no recomendados por la misma autoridad.
Incluso desde julio, el aumento por contagio de dengue repercutió principalmente en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, estados que concentraron más de dos terceras partes de las cifras totales.
López-Gatell justificó que la compra fue realizada en una fase tardía porque “ha sido así desde hace muchos años y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron, y entra la intervención federal… y usa los insecticidas”.
Refuta estos datos, la Doctora Cassandra González Acosta, Responsable Estatal de la Coordinación de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis, del estado Morelos, al sostener que las compras tardías si incidieron en la magnitud del brote, al grado de quedar sin atención y declaró que ningún estado tuvo insecticidas dentro del primer trimestre del año, pero se vieron obligados a utilizar insumos restantes de 2018.
De acuerdo con los convenios se suministrarían 10 tipos de químicos a los estados, sin embargo para este reportaje se elaboró un documento con 945 datos de información solicitada a las 31 entidades federativas que recibieron los productos y se concluye que las entregas se dieron sin inmediatez, continuaron después de finalizar el segundo cuatrimestre del año, incluso hasta diciembre 2019 y se entregaron químicos no autorizados.
Por ejemplo, Chihuahua recibió en septiembre una amplia cantidad de insumos; a Tamaulipas, Veracruz, les entregaron varios productos durante octubre y diciembre; a Nuevo León, de septiembre a noviembre e incluso Guanajuato, Hidalgo y Morelos,, principalmente durante noviembre.
En agosto, únicamente cinco estados recibieron todos los productos destinados para sus programas, Campeche, Coahuila, Durango, Sinaloa y Yucatán. A Aguascalientes, Guerrero y Tabasco, les entregaron algunos insumos, en noviembre y diciembre.
El caso más evidente de retraso, fue el de Oaxaca, recibió todos los insumos, en octubre y noviembre, en la fase avanzada del año epidemiológico, cuando ya presentaba un registro de mil 310 casos, de los más de mil 600 totales de ese año, esta entidad además usó insecticidas no recomendados.
Ante el incremento de enfermedad y retrasos de las compras federales, José Alberto Jerónimo Bautista, Jefe del Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector del estado de Oaxaca, detalla que ahora se reservan insecticidas que adquiere el estado, de tal manera que tienen un abasto de productos insecticidas.
Pero incluso, sin el abasto suficiente, se tienen que optimizar los insumos y que “afortunadamente existe insecticida residual que nos ayuda a tener cierto tiempo protegidas las áreas y en esos casos es donde podemos aplicar ya un tipo de insecticida que nos deje alguna residualidad que nos ayude a disminuir poblaciones de mosquitos”.
Información dolosa y anticipada
El gobierno federal provocó debilidad en el sistema de salud y mínima efectividad de respuesta, principalmente en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, donde se atendieron a 68 de cada 100 pacientes por este padecimiento, incluso de los casos totales, el 25 por ciento se registró a partir del 14 de octubre y hasta el 25 de noviembre, cuando el gobierno federal decidió dar por terminada la temporada de dengue.
Ante el aumento de casos, Salud publicó un comunicado de prensa, fechado el 16 de octubre, señalando que la temporada de dengue estaba próxima a concluir, “en las siguientes tres semanas”.
https://www.gob.mx/salud/prensa/la-temporada-de-dengue-2019-en-mexico-esta-proxima-a-concluir
De acuerdo con reportes oficiales, desde la fecha del comunicado y hasta el 25 de noviembre (semanas epidemiológicas 41 a 47), el dengue ascendió de 25 mil 23, a 35 mil 594 casos, equivalente al 25.46 por ciento del total anual.
Una cifra de 10 mil 571 mexicanos contagiados que enfermaron cuando el gobierno federal dio por terminada la temporada intensa de la epidemia; hasta finalizar 2019 el ritmo de contagios de dengue permaneció.
Las irregularidades administrativas de este programa no se han vuelto a cuestionar, tampoco las políticas públicas y los análisis respecto a la efectividad de los fumigantes. Para este reportaje se solicitaron entrevistas con las autoridades de la ASF y de Salud, a fin de conocer si hubo consecuencias para los directivos de Salud, pero las peticiones fueron negadas.
En cambio dos especialistas en salud pública y dengue, fueron consultados, aunque solicitaron al autor omitir nombre y cargo en la institución donde laboran. Refirieron que existe una alerta en los programas de vectores, consideran preocupante la escasez de recursos en la prevención y falta de voluntad del gobierno o tomadores de decisión.
El académico David Roiz, señaló que las decisiones de las autoridades se han convertido en una “máquina burocrática del sistema”, que dificulta la aplicación de programas en tiempo y forma.
Puntualizó que el gobierno ha evitado apostar hacia proyectos que sustituyan los insecticidas, porque estos químicos “son cosa del pasado” y enfatizó que ha faltado implementar nuevos métodos que han demostrado ser efectivos como la modificación controlada de mosquitos que ya se aplica en Baja California.
Para las estadísticas, comparativos y gráficos de este reportaje, se consideraron los reportes oficiales y disponibles en el sitio de la Dirección General de Epidemiología, que del año 2019, ofrece 52 informes, en el que se registraron las cifras de 41 mil 505 casos y 191 muertes.
Por razón de precisiones, en los reportes de cada año, se modifican los casos, defunciones y la letalidad del año anterior. Antes coincidían las defunciones, pero a partir de 2019, estas cifras también han sido modificadas año con año.
Mientras culminaba el peor año en toda la historia del país, en cuanto a dengue, llegaban noticias de China, acerca de una probable epidemia y posterior pandemia por un virus respiratorio hasta entonces desconocido.
Uno de los especialistas criticó las 371 muertes de dengue en 2019 como ejemplo en el manejo de esta epidemia y que esta primera crisis sanitaria en el país fue un claro antecedente respecto al tratamiento que tendría la contingencia de COVID-19.
**Este reportaje fue realizado para la Maestría en Periodismo Digital de la UDG**
