Largos procesos burocráticos y una limitada capacidad de respuesta impactan el acceso a apoyos gubernamentales para personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, donde trámites como la entrega de sillas de ruedas, insumos médicos o citas de evaluación pueden demorar entre cinco y seis meses.
Laura Antillón, directora de la fundación Villa Integra, denunció que aunque existen programas estatales dirigidos a este sector, la atención es lenta y no alcanza a cubrir la demanda real, lo que deja en espera a miles de personas que requieren atención urgente.
Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso al transporte especializado, un programa impulsado por la administración de la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, pues aunque la iniciativa busca facilitar la movilidad, actualmente sólo operan cuatro unidades en toda Ciudad Juárez.
“Sí hay programas de apoyo, pero no alcanzan para todos y la respuesta es extremadamente lenta. Se deben reunir muchos requisitos y esperar meses para ser atendido”, señaló la activista.
Aunque reconoció la existencia de una instancia oficial dedicada a grupos vulnerables, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), sin embargo, la cobertura que da es insuficiente, ya que eso no cubre ni una fracción de la necesidad existente en esta frontera.
Antillón expuso que de acuerdo con estimaciones de la organización, en Ciudad Juárez entre 2 mil y 3 mil personas, de un universo de 64 mil ciudadanos con discapacidad, requieren este servicio de manera regular.
Sin embargo, la falta de unidades provoca largos periodos de espera o dependencia de familiares para asistir a citas médicas o actividades cotidianas: “¿Cómo se traslada alguien que no trabaja y no puede pagar un Uber?”, cuestionó.
La entrevistada también criticó que cada unidad sólo traslade a una persona por viaje, incluso si hay espacio disponible, lo cual no es práctico, por lo que una solución viable sería implementar trayectos programados para recoger a varias personas de una misma zona.
Antillón concluyó con un llamado a las autoridades estatales para revisar y agilizar los procedimientos de atención, así como a reforzar la infraestructura del transporte adaptado, ya que se necesita de voluntad, eficiencia y empatía.
“Las personas con discapacidad no pueden seguir esperando”, recalcó la directora de la Fundación Villa Integra.
