Cananea, Sonora.— En Cananea, el Ayuntamiento pretende cobrar de manera abrupta un impuesto que, aunque figura en la Ley de Ingresos desde hace más de tres décadas, jamás se había exigido a los comercios locales.
Esta medida, implementada sin consulta previa ni reglas claras, fue calificada por empresarios como un cobro discrecional que abre la puerta a la opacidad y posibles irregularidades administrativas.
La decisión municipal no sólo sorprendió a los más de mil 500 negocios formales que operan en la ciudad, sino que también exhibe contradicciones en las cifras oficiales y un trato desigual entre pequeños comerciantes, el sector informal y las grandes empresas.
Lo anterior, luego de que, mientras a los negocios establecidos se les exige cubrir montos que superan los 17 mil pesos por licencia, otros sectores parecen quedar fuera del alcance de la normativa.
Además, el esquema implementado por la administración que encabeza la alcaldesa Esmeralda González Tapia fue señalado por su falta de certeza jurídica, ya que se lanzó a escasos meses de cerrar el año fiscal 2025 y sin mecanismos de transparencia como los que exige el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), del cual Cananea ni siquiera forma parte oficialmente.
Los impuestos
La semana pasada, a través de su página oficial, el municipio de Cananea dio a conocer que todos los comercios locales debían solventar el pago de una serie de impuestos.
Entre los cobros se encuentran la expedición de certificados catastrales por 165.18 pesos; la Licencia Anual de Funcionamiento con un costo de mil 131.40 pesos, así como la Licencia de Uso de Suelo, que asciende a mil 873.59 pesos.
A estos además se suman los dictámenes y revisiones de Protección Civil, con tarifas que alcanzan hasta 6 mil 222.70 pesos, además de la Licencia Ambiental, cuyo precio supera los 3 mil 500 pesos.
En conjunto, la suma de todos los trámites obligatorios representa un pago de 17 mil 807.49 pesos, principalmente para pequeños y medianos negocios, lo que representa un gran impacto en la economía, ya que ésta se sostiene del comercio local.
Tras este anuncio, el Ayuntamiento ofreció un descuento del 70 por ciento bajo el programa SARE, lo que reducía el costo a 5 mil 342.25 pesos. Sin embargo, pese a este ajuste, comerciantes locales señalaron que el desembolso sigue siendo elevado, especialmente para negocios pequeños que apenas logran sostenerse con las ventas diarias.
Además, cabe resaltar que, a lo anterior, se añaden las multas que el gobierno municipal implementará en caso de no contar con los permisos correspondientes.
Estas sanciones van desde los 4 mil 525 pesos por no tener dictamen de Protección Civil, hasta los 11 mil 314 pesos por carecer de Licencia de Anuncio o cartel.
Para los comerciantes, dichas penalidades resultan desproporcionadas y amenazan con afectar gravemente la economía local, pues argumentan que en lugar de apoyar la recuperación de los negocios, las autoridades están imponiendo cargas que podrían derivar en cierres forzados.
Los acuerdos
Sin embargo, durante la reunión más reciente entre representantes de la CANACO de Cananea, la presidenta municipal, Esmeralda González Tapia; el secretario del Ayuntamiento, César Fuentes Valle; el síndico municipal y regidores de la bancada de Morena, se alcanzaron al menos seis acuerdos enfocados en mitigar los impactos del nuevo esquema de cobro de licencias.
Uno de los puntos planteados por el organismo empresarial fue la reducción en la cantidad de UMAS consideradas dentro de cada permiso, una propuesta que deberá ser analizada y votada en Cabildo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Para los comercios que ya se encuentran en operación y que requieren regularizarse mediante el área de Mejora Regulatoria, la alcaldesa ofreció un esquema de apoyo con descuentos del 85 por ciento en los pagos y un 5 por ciento adicional para los afiliados a CANACO.
En términos concretos, se estimó que la cantidad inicial a cubrir rondaba los 17 mil 807 pesos; con la aplicación de los descuentos, la cifra será de 2 mil 671.05 pesos para los comercios en general y de mil 780.7 para los afiliados de CANACO.
SARE
La controversia se agrava por el hecho de que Cananea no forma parte de los 10 municipios certificados por el Sistema de Apertura Rápida de Establecimientos (SARE), un programa federal que permite a ciertos municipios operar ventanillas únicas para trámites comerciales.
El objetivo de este programa consiste en que los emprendedores puedan obtener los permisos necesarios en un plazo máximo de 72 horas, a través de una ventanilla única que concentra los requisitos municipales, estatales y federales. Un modelo que busca fomentar la formalidad, reducir la burocracia y generar un entorno más competitivo para el desarrollo económico local.
En el estado de Sonora, únicamente diez municipios cuentan con la certificación para operar este sistema: Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Empalme, Guaymas, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.
Estos ayuntamientos concentran la ventanilla única que facilita la tramitología, lo que representa una ventaja significativa para los pequeños y medianos empresarios de esas localidades.
Sin embargo, pese a que Cananea cuenta con una ventanilla de atención municipal para trámites de apertura, oficialmente no forma parte de los municipios certificados dentro del SARE.
Cobros sin transparencia: regidora
La regidora Karen Melissa Montoya señaló que desde la aprobación de la Ley de Ingresos 2025 se manifestó en contra del esquema de cobro de licencias, debido a que el paquete de documentos fue entregado apenas minutos antes de la sesión de Cabildo, lo cual impidió un análisis adecuado y la posibilidad de solicitar ajustes a tiempo, dejando dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos municipales.
Dijo que los montos solicitados a los comerciantes representan incrementos muy superiores al índice inflacionario y que, además, algunos cobros carecen de medición clara, como el aumento en tarifas de agua potable.
A su juicio, estas decisiones ponen en desventaja a los negocios establecidos y podrían ser interpretadas como una acción discrecional que beneficia intereses internos de la administración.
La regidora también cuestionó la aplicación del SARE, luego de que Cananea no forma parte de los municipios certificados para operar la ventanilla única federal, por lo que el programa se utiliza de manera incorrecta, ya que debería aplicarse exclusivamente a nuevos negocios y no a los establecimientos consolidados.
Montoya denunció además que la manera en que se comunicaron los cobros a los comerciantes careció de claridad y de canales oficiales confiables.
Señaló también la falta de un padrón actualizado de negocios, lo que dificulta la fiscalización y abre la puerta a posibles irregularidades en la aplicación de sanciones o descuentos.
Bajo este escenario, las acciones del gobierno municipal de Cananea evidencian deficiencias administrativas y riesgos de arbitrariedad, debido a que las formas de operación del Ayuntamiento han sido percibidas como poco empáticas y soberbias.
La regidora añadió que la prioridad debe centrarse en apoyar a los pequeños negocios que sostienen la economía del municipio, a través de transparencia, reglas claras y mecanismos de fiscalización confiables, antes de implementar cobros que podrían resultar onerosos o injustos.
¿De cuánto será la recaudación municipal?
En entrevistas realizadas con el medio local Soy Cobre, el secretario del Ayuntamiento, César Fuentes, estimó que en Cananea existen alrededor de 2 mil 100 negocios, los cuales deberán solventar la cobertura de este impuesto.
Sin embargo, el pago puede incrementarse según la superficie del local, afectando desproporcionadamente a los comercios más pequeños, que representan la mayor parte.
Bajo este supuesto, la suma total estimada asciende a 5 millones 609 mil 205 de pesos de recaudación para el Municipio; aunque inicialmente era de más de 11 millones de pesos, incluso con el descuento del 70 por ciento.
Sin embargo, cabe resaltar que existe una discrepancia entre los registros oficiales y las cifras que maneja el Ayuntamiento, pues de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en Cananea existen mil 599 negocios formales de distintos tamaños.
En entrevista con Circuito Frontera, Dolores Canchola Félix, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Cananea, declaró el sábado pasado que la manera en que se ha manejado la comunicación de este cobro generó desinformación y preocupación entre los empresarios.
“Se sacó un flyer con los costos, pero nadie explicó ni por qué ni cómo se debía pagar. No se consultó a la Cámara de Comercio ni a los comerciantes antes de implementarlo”, lamentó.
Según la dirigente, la administración municipal ofreció justificar los pagos mediante reuniones individuales para definir la cantidad exacta a pagar por cada negocio, pero esta práctica ha sido percibida por muchos como una forma de cobro discrecional.
Incluso, el secretario del Ayuntamiento declaró ante medios de comunicación que se trataría de “un traje a la medida”, cual si se tratara de una negociación de rescate, dependiendo del establecimiento.
Medidas cuestionables
Cabe señalar que el intento por regularizar a los comercios en el municipio de Cananea se realiza a tan sólo cuatro meses antes de concluir el año fiscal 2025, sin previo aviso para la comunidad.
Y es que, la medida también ha despertado cuestionamientos legales, ya que el impuesto, aunque publicado en el Diario Oficial de la Federación, nunca fue notificado a los contribuyentes hasta ahora.
Dijo que, al comparar la Ley de Ingresos del 2024 con la del 2025, además hubo incrementos de hasta de un 50 por ciento en las UMAS, lo cual, en la práctica, encarece de manera considerable las licencias que el Ayuntamiento está imponiendo a los comerciantes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
La dirigente enfatizó que los pequeños negocios, que son la base del comercio local, serán los más afectados, mientras que las grandes empresas ya cuentan con licencias y protocolos propios que las exime de esta presión inmediata.
Esta situación generó cuestionamientos sobre la legalidad en la aplicación de cobros e impuestos, ya que el Municipio impone cargas administrativas sin cumplir con los estándares de simplificación regulatoria establecidos a nivel federal, lo cual podría derivar en inconsistencias jurídicas.
De ahí surge el cuestionamiento de su constitucionalidad: ¿cómo exigir un cumplimiento estricto a los contribuyentes locales si ni siquiera la autoridad municipal cuenta con los mecanismos mínimos para facilitar dichos procesos?
