En las últimas semanas y días se ha provocado un gran debate en torno a la revocación de mandato. Hay imprecisiones, hay denostaciones, hay artilugios legales y formales, existen campañas de información y desinformación así como una gran disputa por la nación que implica una muy amplia división, no de los poderes, pero sí de la sociedad mexicana. Están los buenos y los malos. ¿Usted a qué grupo de estos dos últimos es? Sin duda es de los buenos.
Si pudiera sintetizar las ideas esgrimidas por el nivel de debate, diría que hay poco debate y sí mucha mala y pésima estrategia de manipulación.
La forma jurídica de la revocación de mandato es precisamente una forma de participación ciudadana y se genera con el malestar en contra de la autoridad que ostenta el poder público, para quitar la confianza depositada en ella a través del voto en los ejercicios democráticos.
Pues resulta, que si hay malestar en contra del presidente en turno, sin embargo, fueron los grupos de apoyo a la figura presidencial quienes promovieron la controversial consulta popular. A partir de allí, tenemos que preguntarnos: ¿Qué es lo que no vemos en los intereses ocultos de quienes solicitaron a través de firmas que se realizará la solicitud de revocación de mandato? Es una primera pregunta que no daré contestación, pero hay algo detrás de esta solicitud que no está clara y pone un punto oscuro en su final de película.
La solicitud de revocación existe en la norma jurídica mexicana. Es incuestionable, pero entonces ¿para qué solicitar la revocación de mandato desde dentro del propio gobierno de la República? No es ratificación (no existe la forma jurídica) y no requiere una ratificación, ya que el presidente en turno tiene una legitimidad producto de los votos del 2018.
Luego, si usamos estos silogismos de la lógica formal que se aprende en preparatoria, lo que se está solicitando es una autodestrucción, para decir que la gente si quiere que se quede el presidente. Un pensamiento complejo deduce en primera instancia que se trata de una farsa gubernamental.
Muchos colegas y amigos me han preguntado ¿Hay que salir a votar o no? Creo que el ejercicio de participación ciudadano es noble, permite que la ciudadanía se exprese, sin embargo, hay una manipulación en la consulta, ya que no se trata de una ratificación (no existe la forma jurídica como lo he expresado) luego entonces la consulta carece de un interés legítimo que es la revocación.
El ejercicio de este 10 de abril abre la puerta para que desde una consulta popular se pueda cambiar a las autoridades electorales. Como exconsejero electoral del IFE, del IEE y del propio INE, puedo señalar que existen las instituciones electorales (además de los tribunales locales y federales) que garantizan la organización de las jornadas electorales y que sin ellos, los partidos políticos y el propio gobierno pueden manipular los procesos de elección de las autoridades.
El INE está a prueba y se han manifestado por una reforma electoral que quite a los actuales consejeros.
De fraguarse dicha reforma electoral, estaremos en una regresión autoritaria, atacando la libertad de expresión y de prensa, desarticulando las instituciones electorales, atacando a los tribunales, es decir, a los poderes judiciales. Es más, haciendo tangible una famosa frase pronunciada en una campaña “Al diablo con las instituciones”.
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La conclusión que podemos expresar entonces es que no tiene caso salir a votar en una consulta que de origen tuvo un momento oscuro, cuyas intenciones democráticas no se observan, en donde el resultado, sea cual fuere tiene pocas posibilidades de ser vinculante ya que se estima que sean solo unos cuantos quienes salgan a votar el próximo domingo.
Para que tenga un carácter vinculante se requiere un 40 por ciento de participación ciudadana, porcentaje que será difícil alcanzar.
José Eduardo Borunda Escobedo es doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte, en donde presentó la tesis “Modernización, Ciudadanía y Derechos Políticos”. Es máster en Administración y tiene la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010.
