Un grupo de artistas de Ciudad Juárez interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del Gobierno del Estado por la contratación de Alberto Espino para realizar la obra de teatro «El Príncipe y la Golondrina«, proyecto que costó casi 34.8 millones de pesos del erario público.
Este monto representa una quinta parte del presupuesto destinado al rubro de cultura a nivel estatal y, sin embargo, la obra sólo se presentará en la capital del estado.
Además, se suma el hecho de la cancelación de programas como el Festival Internacional Chihuahua, la Feria Internacional del Libro en Ciudad Juárez, así como otros programas orientados al teatro y promoción del arte.
Ante estás acciones implementadas por el gobierno estatal, los artistas lamentaron el uso de recursos adicionales destinados a la promoción de la obra en medios de comunicación, en dónde se ha usado a los mismos para defender el proyecto, luego de que se diera a conocer a nivel nacional.
Está situación consideraron que se trata de un intento por tratar de negar la realidad y el descontento de la gente.
Incluso añadieron que el director de la obra, Alberto Espino, pidió un diálogo con ellos, sin embargo, no fue posible debido a una serie de condiciones que interpuso y que no estuvieron dispuestos a acatar.
«Finalmente es la gobernadora Maru Campos quien tiene que dar explicaciones del mal uso de los recursos. Creemos que están tratando de cubrir para que no sea ella quien tenga que salir a dar la explicación», dijo Angel Estrada, cineasta de Ciudad Juárez.
Los artistas aseguraron que la única intención de ellos es aclarar el asunto y hacer que se regresen estos recursos al Estado.
«Todavía hay una puerta muy amplia para la salida de recursos de manera opaca y esa es una tarea de la sociedad. Hacer tareas de oposición, ser cada vez más exigentes e ir cerrando las puertas por donde se fugan estos recursos porque todo eso sale de manera discrecional», dijo De la Rosa.
Asimismo, reiteraron que no se trata de un ataque contra la trayectoria o trabajo de las personas involucradas en la obra quienes, aseguran, han sido explotados por meses sin paga y amenazados por un contrato de exclusividad que les impide quejarse al respecto de manera pública.
«No sé atreven a hablar por miedo a quedarse sin trabajo y eso es también parte de las condiciones precarias en la que trabajan los artistas y del medio. El temor a quedarse sin trabajo en este momento y a futuro», señaló Estrada.
Mientras que De la Rosa añadió: «Nuestra solidaridad es también con este grupo de actores que creemos que cayeron en las peores manos».
El documento con la queja fue entregado al visitador de Derechos Humanos, Eduardo Sáenz, luego de ser firmado por siete artistas, quienes forman parte del colectivo «Artistas, Creadores y Ciudadanos Vigilantes«.
Aunque, el funcionario les indicó que el proceso puede tardar al menos dos meses y medio en tener una resolución.
