Si bien es un hecho que todos somos humanos y cometemos errores, existen algunos que dejan a su paso pérdidas invaluables como la vida de una persona, pero ¿qué pasa cuando quien “comete un error” es un funcionario público?
Algunas de estas consecuencias se vivieron el pasado 1 de enero tras el motín del Cereso 3 que concluyó en la fuga de 30 reos del penal, cuyo saldo fue la muerte de 10 custodios y 7 personas privadas de la libertad, así como 15 personas más resultaron lesionadas: 14 reos y un oficial.
Han transcurrido 26 días desde ese fatídico evento y aunque ha habido respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales, ésta fue tardía, a destiempo, consideraron actores de la sociedad civil.
Este jueves por la mañana, Guillermo Asiaín, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez, indicó que el evento del Cereso será recordado por mucho tiempo y, que si bien, hubo respuesta de las autoridades de manera activa, aun no existen consecuencias contra los responsables o los presuntos responsables.
“Son buenas acciones que debieron de haber sucedido y las consecuencias son las que todavía no están presentes, para quienes sean coadyuvantes de esta fuga de los Ceresos. Concluir en una certificación de los Ceresos. Han pasado 25 días (jueves 26 de enero), pero no se ha informado de denuncias contra esas personas. Fueron destituidos pero no hay denuncias contra nadie por lo que haya sucedido en el Cereso, se trata de buscar justicia”, dijo.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua establece derechos y obligaciones, pero también sanciones para los que desempeñan un cargo público.
El Título Segundo, en su Capítulo I, indica que serán sujetos a un juicio político los servidores públicos como diputados del Congreso del Estado, Magistrados, jueces de primera instancia, el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, Directores Generales y los coordinadores.
Mientras que en el artículo 7 se estipula que serán sujetos a juicio quienes cometan violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales y sociales.
Pero incluso, también por las omisiones graves en términos de lo mencionado anteriormente.
En este sentido, el representante de la sociedad civil refirió que tras el incidente del Cereso se han destituido del cargo a varias personas, entre ellas al director del penal y al mismo fiscal general del estado, quien fue sustituido apenas este miércoles.
Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer cuáles son las acciones que derivan de estos hechos, ya que no han informado de “denuncias contra nadie”, donde no se trata de encontrar culpables sino de buscar justicia.
Mencionó además que es necesario que se implemente una certificación de los Ceresos y aplicar otro de revisiones a los servidores públicos, no solo a los policías o agentes de las corporaciones.
Dijo que una de las sugerencias que se ha hecho en varias ocasiones es un estudio socioeconómico a policías y a funcionarios públicos, sobre todo en el sentido de que el sueldo debe concordar con su estilo de vida.
