En Ciudad Juárez se estima que existe una población de 133 mil personas adultas mayores. Sin embargo, la problemática reside en que una de cada seis es víctima de abuso.
Lo anterior fue dado a conocer por la regidora Alma Arredondo, coordinadora de la comisión de Atención a las personas adultas mayores, con información de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con esta información, las personas adultas mayores que son víctimas de violencia corresponderían a 8 mil 12.
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Aunque la edil indicó que no cuentan con las cifras exactas, puesto que no les entregaron los datos oficiales por parte de la dependencia estatal.
Dijo que están buscando una unidad especializada en temas jurídicos y psicológicos, con el fin de agilizar este proceso.
Comentó que una de las situaciones que detectaron es que los adultos mayores son una población poco visibilizada, así como pocas veces se asumen como víctimas de violencia, además de que en muchos de los casos son los mismos familiares quienes los agreden.
«Lo que nosotros encontramos es que uno de cada seis personas mayores son violentadas y hasta hace poco no era reconocido que se violentaba en la familia. Era muy difícil de asimilar, muy difícil de entender cuando una persona mayor es violentada», dijo.
Al respecto, César Juárez, doctor en derecho y ex procurador de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en el DIF Estatal, que incluye la defensa del adulto mayor, señaló que existen leyes vigentes que protegen a este grupo de la población.
Sin embargo, recalcó que también se encuentra la Subprocuraduría de Protección, Jurídica y de Asistencia Social que es la encargada de brindar apoyo a los adultos mayores.
Además, señaló que la misma instancia de la Fiscalía General del Estado deberá hacer valer la Ley de los derechos de las personas adultas mayores, además de la ley en el Estado de Chihuahua.
«Creemos que el marco legal es amplio. A veces es la falta de conocimiento de las leyes que ya existen y por ende ponerlas a trabajar. Porque ahí están, pero no es del conocimiento de todos e incluso dotan de muchas facultades a personas de la línea llamada recta para fortalecer un tipo de juicio para adultos mayores o inclusive de la obligatoriedad de los familiares directos para con este grupo», declaró.
Indicó que existe Ley de Asistencia Pública y Privada, así como la Ley del Adulto Mayor, por lo que corresponde a la Subprocuraduría de Protección, Jurídica y de Asistencia Social del DIF atender a este grupo de la población.
Recalcó que el marco legal es claro y tiene la obligatoriedad de atender, además de que se entiende en tal tesitura que las personas (trabajadores del DIF) están especializadas para atender a los adultos mayores.