A dos años de que se presentara una propuesta en el Congreso del Estado para prohibir las terapias de conversión de orientación sexual, la iniciativa aun no se ha votado.
Por lo anterior, hace poco más de mes y medio de que activistas en el estado de Chihuahua iniciaron una campaña para la colecta de firmas, el movimiento recolectó más de cinco mil firmas que se entregaron este jueves ante diputados del Congreso, para que voten a favor la propuesta, debido a los daños que ocasiona a las personas que se han sometido a este tipo de “terapias”.
David Adrián García Molina, activista LGBT en la ciudad de Chihuahua y uno de los organizadores de la Marcha por la Diversidad en la capital del Estado, señaló que existe una preocupación, debido a que persiste un grave problema relacionado con las terapias de conversión.
Explicó que el término más claro para definir a las terapias de conversión es ECOSIG, que significa Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual o la Identidad de Género, las cuales se aplican a las personas LGBT.
De acuerdo con el Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, realizado por the United Nations Human Rights, la “terapia de conversión” es un término para describir intervenciones para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Estas prácticas apuntan a cambiar a las personas de gays, lesbianas o bisexuales y transgénero a heterosexuales.
Los métodos están poco documentados y son intervenciones profundamente dañinas que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGBT están enfermas, por lo que se les termina infligiendo dolor y sufrimiento severos, así como resultan en daños psicológicos y físicos de larga duración.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las “terapias de conversión” no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas.
Mientras que en el 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que “no existe evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata”, por lo que, en el 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) declaró que la “terapia de conversión” es una forma de engaño, publicidad falsa y fraude.
García Molina expuso que estas terapias, a menudo llevadas a cabo por profesionales de la salud mental o consejeros religiosos, tienen como objetivo convencer a las personas de cambiar su orientación sexual o identidad de género.
También que, en algunos casos, estas prácticas se anuncian en iglesias y otros lugares, y han sido vinculadas a abuso sexual, maltrato físico y vejaciones.
Comentó que muchos jóvenes, e incluso menores de edad, han sido sometidos a estas terapias, a veces en centros de rehabilitación conocidos como anexos.
La iniciativa para prohibir estas terapias se presentó en octubre de 2021, liderada por la diputada Leticia Ortega, con el respaldo de activistas como García Molina. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables de los activistas, la iniciativa aún no ha sido sometida a votación.
Desde su presentación, las comisiones de igualdad y justicia del Congreso del Estado se han reunido apenas en un par de ocasiones, sin discutir o avanzar en la legislación, aunque su deber es analizar y votar a favor o en contra de estas iniciativas, y en este caso, ni siquiera las están discutiendo.
“Los diputados se les está pagando por no hacer su trabajo (…) Por lo tanto, tenemos que exigirles que aprueben la iniciativa para prohibir las terapias de conversión”, dijo.
Este jueves, un grupo de activistas en la capital del estado entregó 5 mil 200 firmas, en donde se insta al Congreso de Chihuahua a poner fin a estas prácticas.
Refirió que, a nivel nacional, ya existen estados que han prohibido las terapias de conversión, y una iniciativa similar se está discutiendo en el Senado.
Sin embargo, en Chihuahua, la iniciativa ha estado detenida durante dos años sin un avance visible.
Comentó que este llamado se hace en concordancia con la declaración de la ONU que considera las terapias de conversión como una forma de tortura.
