En medio de un constante flujo de migración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), realizaron vuelos de expulsión a Venezuela y América Central los días 26 y 27 de diciembre.
Se trata del undécimo vuelo de expulsión a Venezuela desde que Estados Unidos, tras reanudr las expulsiones el pasado 5 de octubre, se dio a conocer a través de un boletín de prensa.
Lo anterior, en respuesta al aumento significativo de llegadas de migrantes en los últimos meses, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó los operativos para procesar y expulsar rápidamente a aquellos ciudadanos extranjeros que no tienen un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos. Desde mayo, más de 460.000 personas han sido expulsadas o devueltas, superando las cifras de años fiscales anteriores.
Este último desarrollo refleja una tendencia creciente en las expulsiones diarias y retornos por parte de las autoridades de aplicación de la ley, casi duplicando el promedio anterior a la pandemia (2014-2019). Las cifras prácticamente han superado las expulsiones realizadas durante todo el año fiscal 2019 y han superado las de cada año fiscal entre 2015 y 2018.
Aunque Estados Unidos asegura la evaluación adecuada de cada ciudadano extranjero para determinar si tienen reclamaciones válidas de protección, la aceleración de las expulsiones ha levantado preocupaciones sobre la agilidad y la exhaustividad de este proceso, especialmente en el contexto de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos.
Cada semana, se realizan numerosos vuelos de repatriación, trasladando a miles de personas de regreso a sus países de origen. Sin embargo, las críticas surgen en torno a la falta de claridad sobre los criterios de evaluación y la suspensión de expulsiones.
Los extranjeros sujetos a procedimientos de expulsión tienen la oportunidad de presentar sus reclamaciones ante jueces de inmigración en tribunales administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. La seguridad operativa impide la confirmación o comentarios sobre operaciones de transporte futuras o pendientes, según lo declarado por ICE.
Operaciones Aéreas del ICE facilita la traslado y expulsión de ciudadanos extranjeros mediante vuelos comerciales y chárter. En el año fiscal 2022, se realizaron 72.177 expulsiones a más de 150 países en todo el mundo.
A medida que los vuelos de deportación continúan generando debate y preocupación, el DHS ha puesto a disposición del público y los medios de comunicación material de archivo, incluyendo imágenes de vuelos de expulsión, anuncios de servicio público y testimonios de migrantes expulsados. Para acceder a estos recursos, se puede consultar el portal DVIDS del DHS.
