El uso de las fuerzas policiacas en operativos migratorios, sin supervisión de la CNDH evidencia posibles violaciones a los derechos de migrantes, incluidos menores de edad, consideró Blanca Navarrete, directora de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Lo anterior, luego de que la semana pasada, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que realizaron un operativo en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM), en la capital del estado y en Ciudad Juárez de manera simultánea, con la intención de localizar a personas en situación migratoria irregular.
A través de un boletín de prensa se informó que ambos operativos se realizaron durante la noche del martes 12 de marzo y madrugada del miércoles 13, acompañados de corporaciones policiacas como la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, la Guardia Nacional y la SEDENA.
Sin embargo, en las revisiones, ni personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estuvieron presentes.
El resultado de los operativos fue de siete personas aseguradas por la falta de documentación que comprobara su legal estancia en México.
Entre los detenidos se encontraron cinco personas eran de Venezuela (incluyendo a un menor de 6 años de edad) y dos hombres originarios de Colombia y otro de Estados Unidos.
Las autoridades estatales informaron que en la ciudad de Chihuahua las acciones concluyeron a las 5:46 de la mañana, con un saldo de siete personas aseguradas, entre ellos el menor de edad.
Mientras que en Ciudad Juárez, el operativo finalizó a las 2 de la mañana sin personas aseguradas.
Al respecto, la directora de DHIA cuestionó la falta de supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dijo que al participar una autoridad federal como el Instituto Nacional de Migración, la CNDH está obligada a supervisar estas acciones y pedir información al instituto para verificar que se haya solicitado formalmente la colaboración de las fuerzas de seguridad pública.
La activista indicó que además el INM está obligado a notificar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal en casos que involucren menores de edad, lo cual también se omitió por parte de las autoridades migratorias.
“Nos preocupa que se mencione la presencia al menos de un niño porque como lo hemos visto en ocasiones anteriores (…) Al Instituto Nacional de Migración no le ha importado que haya niñas, niños y adolescentes acompañados de sus padres, porque estos casos no los refiere la Procuraduría de Protección de NNA del DIF Estatal y es su obligación hacerlo”, dijo.
Recordó también es obligación de las autoridades garantizar el debido proceso y otorgar un oficio de 30 días que permita regularizar la estancia de las personas migrantes, lo cual no se ha cumplido en situaciones previas.
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Sobre si se podría considerar que los operativos fueron ilegales, la activista refirió que justamente eso es lo que tendría que revisar la CNDH, ya que tendría que demostrar que el INM le solicitó una colaboración formal a las autoridades de seguridad seguridad pública.
¿Qué dice Derechos Humanos?
Sobre este hecho, Eduardo Sáenz, coordinador de Visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), declaró a Circuito Frontera que el Instituto Nacional de Migración es la única autoridad facultada para realizar verificaciones migratorias.
Explicó que las fuerzas policiacas, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las policías municipales, sólo deben participar a solicitud del INM y con fines de seguridad.
Sin embargo, ante la ausencia de observadores de las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos durante estos operativos, Sáenz no ofreció detalles, pero reiteró que el INM debe encabezar estas intervenciones y respetar los derechos de las personas migrantes.
Los operativos
A través de un comunicado de prensa la SSPE informó que siete personas, entre ellas un menor de edad, fueron aseguradas durante operativos migratorios realizados la noche del martes y la madrugada del miércoles en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez.
En el documento se indicó que estas acciones fueron encabezadas por el INM con apoyo de diversas corporaciones de seguridad, se llevaron a cabo en distintos hoteles en busca de personas en situación migratoria irregular.
En la ciudad de Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) revisaron varios hoteles en las zonas centro y sur del municipio.
Entre los casos detectados se encuentra el de un ciudadano estadounidense, identificado como William D., de 57 años, quien fue localizado en el Hotel Colonial, en la colonia Aeropuerto, sin la documentación necesaria.
En el Hotel San Juan, en el centro de la ciudad, se encontraron cinco personas de nacionalidad venezolana: Luis Miguel B. T., de 31 años; Luis M. M., de 31; Yufrenia M. P., de 21, y su hijo de seis años; además de Alexander Javier G. G., de 31. Ninguno pudo acreditar su estancia legal en el país.
Asimismo, en el Hotel Balflo, también en la zona centro, fue asegurado Oscar F. C., ciudadano colombiano de 45 años, por la misma causa. El operativo concluyó a las 05:46 horas.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez se realizaron inspecciones en el Motel La Cuesta, ubicado en la colonia del mismo nombre, donde se revisaron 77 habitaciones, 10 cuartos subterráneos y un bar abandonado sin que se encontraran personas en situación migratoria irregular.
Posteriormente, se revisaron 28 habitaciones del Hotel San Miguel, en la avenida Tecnológico, también sin resultados. El despliegue finalizó a las 02:00 horas.
Criminalización de los migrantes extranjeros
Se le cuestionó también si se estaba criminalizando a los migrantes de origen extranjero y expuso que este tipo de situaciones se han observado desde hace años, luego de que se ha militarizado la política migratoria.
“Pues yo creo que eso lamentablemente lo hemos visto desde los últimos años. Cómo se ha militarizado la política migratoria y justamente por eso. Todo, entonces, lo hago a deshoras y haciéndome acompañar de fuerzas de seguridad pública”, agregó.
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Navarrete indicó que la organización cuenta con un equipo legal que tiene la posibilidad de dar orientación y acompañar en la representación legal de casos por violación de los derechos humanos.
Dijo que las personas que quieran contartarlos pueden comunicarse a través de redes sociales de DHIA o al número de la oficina 656-614-7150.
