En Ciudad Juárez existe una red de 23 albergues para migrantes, los cuales son manejados por organizaciones de religiosas en su mayoría, mientras que únicamente dos de estos espacios son administrados por el Gobierno Municipal y Federal.
Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del municipio, refirió que actualmente cuentan con 55 personas de Venezuela en el albergue municipal «Kiki Romero», ya que esta población dura muy poco tiempo en estos espacios y suelen pedir su salida voluntaria porque ya han contactado a personas que los van a cruzar hacia Estados Unidos o bien porque deciden entregarse a las autoridades norteamericanas.
Lo anterior se da a conocer, luego de que hace algunos días, autoridades de los tres niveles de gobierno retiraron de la zona del Río Bravo a las personas que pertenecían al campamento de venezolanos que se instalaron en ese lugar.
Explicó que 103 hombres, 76 mujeres, 50 niños y 34 niñas de origen venezolano han podido acceder al hospedaje, alimentación, servicio médico, asesoría legal y otros servicios y programas que se ofrecen en el albergue administrado por el municipio.
El funcionario mencionó que los migrantes de Venezuela esperan el 21 de diciembre para saber si se suspende en definitiva el Título 42 para solicitar el asilo político, pese a que autoridades de Estados Unidos aseguran que las restricciones continuarán.
El título 42 es una medida de salud pública que permite a agentes de inmigración puedan deportar de Estados Unidos a las personas que entran por la frontera proveniente de otros países y que quieren solicitar asilo político. En el caso actual, para prevenir contagios de Covid-19.
Esta medida permite la “deportación expedita”, es decir, la deportación rápida e inmediata, lo que hace que los inmigrantes sean deportados sin ni siquiera ver a un juez de inmigración.
