Pese a que se tenía contemplado eliminar la política de salud de Estados Unidos para evitar la entrada de migrantes bajo el Título 42, ayer Corte Suprema de ese país, dio a conocer que seguirá vigente de manera indefinida.
A través de un comunicado de prensa se informó la orden sobre salud pública estará vigente, por lo que las personas que intenten ingresar en Estados Unidos ilegalmente serán expulsadas a México.
Lo anterior, luego de que el pasado 20 de mayo de este año, un juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, frenó la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para eliminar la medida del Título 42, decisión que después sería apelada, según con información de la asociación Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
También que en lo que avanza esta etapa del litigio “continuaremos con nuestros preparativos para gestionar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando se levante la orden sanitaria conforme al Título 42”.
Las autoridades del Congreso además exhortaron al gobierno de Estados Unidos para asignar los fondos en temas de seguridad y en la gestión en las fronteras, con el fin de integrar las medidas integrales relativas a inmigración.
¿Qué es el Título 42?
Es una disposición del Código de los Estados Unidos que existe desde la década de 1940, en el cual se permite a las autoridades sanitarias estadounidenses negar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.”
Esta medida fue invocada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, cuando se declaró a nivel mundial la pandemia por Covid-19 a mediados de marzo del 2020.
De acuerdo con la organización, WOLA, la cual se dedica a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en Estaos Unidos, la administración de Trump aplicó el Título 42 a través de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), para expulsar a las personas migrantes, sin concederles el derecho a pedir asilo.
Mientras que México aceptó las expulsiones por sus fronteras terrestres de los connacionales, además de las personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
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