Debido constante flujo de armas provenientes de Estados Unidos a Ciudad Juárez se estima que alrededor del 85 por ciento de los homicidios que se cometen en esta frontera se realizan con armas provenientes de ese país.
Así nos lo dio a conocer Guillermo Asiain Aguilar, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez, en días pasados.
Sin embargo, refirió que esta problemática lleva años ocurriendo, debido a que es más penado el flujo de migrantes de frontera a frontera que el ingreso con armas a nuestro país.
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Indicó que esto se debe principalmente a que, en las revisiones, por parte de la seguridad fronteriza, solamente es retirado el armamento sin recurrir a ningún otro procedimiento legal a su portador, debido a las leyes del país vecino, lo que dificulta las labores para impedir el tráfico de armas a Ciudad Juárez.
Cabe recordar que, en el 2020, el entonces presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer el programa “Frozen”, implementado por el gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir el tráfico de armas a nuestro país, realizando la mayoría de los decomisos en esta frontera, de acuerdo con archivos periodísticos.
El plan buscaba principalmente que ambos gobiernos trabajaran en conjunto en la implementación de acciones y planes de refuerzo de seguridad con el uso de inteligencia.
Mientras que el pasado 14 de octubre del 2022, el canciller Marcelo Ebrard declaró en Washington, DC, durante el evento “Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México – EUA”, que, según estimaciones del gobierno mexicano, cada año ingresan de manera ilegal al territorio
entre 500 mil y 800 mil armas.
No obstante, éste no ha sido el único plan implementado por las autoridades mexicanas, pues durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa también se implementó el operativo denominado “Rápido y Furioso”, mismo que fracasó en el intento de frenar el tráfico de armas en las fronteras.
Durante el 2011, el Senado de México declaró ilegal el envío de armas provenientes de Estados Unidos, debido a la vulnerabilidad que esto ponía a la población mexicana, promoviendo la violencia en nuestro país.
Esta declaración, ocurrida el 13 de marzo, indicaba ilegal permitir el envío de armas y que al hacerlo, ese país estaría violentando la soberanía nacional, así como se estaría apoyando la violencia producto de la inseguridad que azota en todo el territorio.
