La transparencia es el deber de todo gobierno de informar, dar cuentas y poner a disposición de las y los ciudadanos la información pública.
La transparencia y el acceso a la información nos permiten verificar que nuestros gobiernos cumplen con todas las obligaciones, facultades y atribuciones que se detallan en sus marcos normativos, es decir, en las leyes, códigos, reglamentos y manuales.
La transparencia permite sobre todo, verificar y revisar cómo ejercen el dinero público, los recursos provenientes de los contribuyentes, es decir, de las y los ciudadanos.
También previene y ayuda a identificar posibles actos de corrupción. Ayuda a monitorear la eficacia y la eficiencia de los entes públicos.
Empodera a la ciudadanía al ser un derecho que nos permite conocer cómo actúan nuestros gobiernos. Permite que los servidores públicos no olviden que la ciudadanía está atenta y vigilando. Favorece la rendición de cuentas.
El acceso a la información es además una condición necesaria para poder ejercer otros derechos fundamentales: el derecho a la libre expresión de nuestras ideas, el derecho a la libertad de prensa, y el derecho a la participación ciudadana, entre otros.
En México, el acceso a la información es un derecho constitucional amparado por el artículo 6 de la Carta Magna, en el que se puede leer “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Los sujetos obligados son todos aquellos entes, públicos o privados que tienen la obligación de ley de poner a disposición de la ciudadanía la información pública. Un sujeto obligado es todo aquel que recibe recursos públicos o ejerce actos de autoridad.
La ley señala que todos los sujetos obligados deben contar con un apartado de transparencia en sus páginas de internet oficiales donde deben tener publicada y actualizada la información pública de ley. A estos datos se les llama “obligaciones de transparencia” u “obligaciones positivas”, y es el mínimo de información que debe estar siempre disponible para la ciudadanía.
También existe una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se concentra y publica toda la información pública de todos los sujetos obligados del país. Puedes acceder a ella en la página https://www.plataformadetransparencia.org.mx
Pero también existe otra forma de acceder a los datos que necesitemos, a través de una solicitud de información. El procedimiento es un poco complicado, y la solicitud se tiene que realizar de manera muy específica, para que se nos pueda entregar la información que se está buscando. Para hacer una solicitud es necesario abrir una cuenta en la PNT.
Otra gran utilidad del acceso a la información es que echamos a andar al elefante reumático, al aparato gubernamental para que actúe o ejerza facultades que por alguna razón ha omitido.
Eso fue lo que sucedió cuando ejercimos nuestro derecho para preguntarle al Gobierno Municipal de Juárez por los avisos de privacidad aplicables a las cámaras de videovigilancia que se encuentran ubicadas en los accesos y en el interior de la Unidad Administrativa Benito Juárez, la conocida como Presidencia Municipal.
Resulta que no existían, por lo que para respondernos, tuvieron que elaborar y aprobar en el Comité de Transparencia los avisos de privacidad el mismo día que recibimos nuestra respuesta a la solicitud con folio 080155924000480.
Así que ejercer nuestro derecho hace avanzar cosas. Invito a ejercerlo todo el tiempo, mientras más personas lo hagamos, nos encaminaremos a gobiernos más abiertos y a un Estado de Derecho fortalecido.
Concluyo esta primera colaboración para Circuito Frontera con un fragmento del Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas… ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las gestiones públicas”.
