Hasta el momento, de los 386 cuerpos localizados en el Crematorio Plenitud, un total de 65 personas ya fueron identificadas, de las cuales 53 se entregaron a sus familiares, dio a conocer personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Asimismo que existen 42 denuncias por fraude relacionadas con este caso, luego de que el pasado mes de junio fueron localizados decenas de cuerpos sin vida apilados en el establecimiento, el cual carecía de los permisos vigentes para operar.
A través de un comunicado de prensa, personal de la corporación informó que además se mantienen 18 hipótesis de identidad en proceso de confirmación con parientes y una más fue reconocida gracias a información proporcionada a través del portal habilitado para este caso: https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio.
Las autoridades mencionaron que desde el hallazgo ocurrido el 26 de junio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) mantiene apoyo psicológico, asesoría e información para los deudos, con respaldo de especialistas de la FGE y Servicios Periciales.
Respecto a este caso, las personas afectadas han realizado protestas pacíficas en diferentes puntos de la ciudad, las cuales continuarán durante esta semana en el Puente Internacional Santa Fe y en la Funeraria Latinoamericana.
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Cabe recordar que el caso conmocionó a la ciudad luego de que fueran descubiertos restos humanos almacenados de manera irregular, lo que abrió sospechas sobre un esquema de incumplimientos y engaños en los servicios funerarios.
Muchas familias que habían confiado en el crematorio denunciaron que en vez de cenizas recibieron tierra, piedras e incluso arena para gato, por lo que desconocen el paradero real de sus seres queridos.
La magnitud del hallazgo llevó a la apertura de carpetas de investigación tanto por delitos vinculados a la fe pública como por posibles responsabilidades administrativas y penales de quienes operaban el crematorio.
El escándalo también ha puesto sobre la mesa la falta de regulación y supervisión en el sector funerario, ya que asociaciones civiles y colectivos de víctimas han señalado que existen vacíos legales que permiten la operación de empresas sin controles estrictos, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias en momentos de duelo.
