Autoridades estatales informaron que la Fiscalía General del Estado presentó una denuncia ante instancias de control interno, para analizar si existieron fallas en la supervisión, omisiones institucionales o responsabilidades administrativas, en el caso del Crematorio Plenitud.
La medida surge en medio de la presión de familiares que continúan exigiendo claridad, justicia y garantías de no repetición, luego de las condiciones en que fueron localizados los 386 cuerpos el inmueble el pasado 26 de junio.
Al respecto, Carlos Ortiz Villegas, representante de la gubernatura en Ciudad Juárez, declaró ante medios de comunicación que la Fiscalía entregó a la Secretaría de la Función Pública la documentación necesaria para que se investigue a servidores públicos que pudieron haber tenido algún grado de responsabilidad en el funcionamiento o inspección del crematorio.
Explicó que esta revisión pretende determinar si hubo irregularidades que permitieron que el servicio operara sin controles adecuados, situación que derivó en uno de los casos más dolorosos para cientos de familias en esta frontera.
Mientras este proceso avanza, personal pericial informó que continúa con la identificación de las personas localizadas en el inmueble, de los cuales, hasta el momento suman 139 cuerpos entregados a sus familias y 150 ya fueron plenamente identificados.
Sobre este tema, familiares afectados dieron a conocer que sostuvieron una reunión con autoridades estatales y entregaron un pliego petitorio con nueve puntos, con el fin de obtener respuestas más claras sobre las responsabilidades, la reparación del daño y medidas para evitar que un caso de esta magnitud vuelva a ocurrir.
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Dora Elena Delgado, vocera del colectivo «Justicia para Nuestros Deudos», explicó que el documento fue recibido y firmado, por lo que esperan una respuesta oficial el próximo 22 de diciembre, fecha en la que se comprometieron a dar seguimiento y convocar a titulares de instituciones involucradas.
Dijo que también se les informó sobre la denuncia presentada ante órganos de transparencia y control interno, una medida que podría derivar en sanciones administrativas, procesos penales o incluso la separación del cargo para funcionarios que resulten responsables.
Sin embargo, señalaron que aún no se detallan alcances concretos ni plazos para conocer las resoluciones.
Agregó que las familias también solicitaron que la gobernadora del estado emita una postura pública sobre la crisis generada por el hallazgo en el crematorio, luego de las condiciones insalubres e inhumanas en que se encontraban, además de que se garantizará el acceso a la verdad.
Refirió que la ausencia de una respuesta directa del Estado mantiene en incertidumbre a quienes continúan viviendo un proceso largo, doloroso y marcado por la desconfianza acumulada hacia las instituciones, ya que un caso como este no tiene precedentes.
Pliego petitorio
Las familias afectadas entregaron un pliego de nueve puntos donde exigen reconocimiento como víctimas indirectas, reparación integral, identificación completa de todos los cuerpos y actualización constante de la información sobre avances.
En el documento también se solicita garantizar el derecho a presentar denuncias, frenar prácticas indebidas de «Justicia Alternativa» de la PROFECO, luego de que las funerarias han solicitado información de quienes presentaron quejas.
El colectivo pidió intervención inmediata de COESPRIS, la instalación formal de mesas de trabajo con participación de las familias, así como claridad sobre la temporalidad de los cuerpos bajo resguardo.
Además transparencia en las entregas realizadas por las funerarias y los resultados públicos de la colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que cada uno de estos puntos busca asegurar verdad, justicia y garantías de no repetición, en un caso que consideran emblemático por su impacto y magnitud.
