En el caso del Crematorio Plenitud, las familias afectadas no sólo buscan identificar los 386 cuerpos localizados en el inmueble sino que también acusan al Estado de que los restos fueron desaparecidos jurídicamente.
Este es el argumento central detrás de los amparos presentados por el colectivo «Justicia para Nuestros Deudos», al asegurar que la Fiscalía de Chihuahua omitió investigar un delito específico previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares: la desaparición de cadáveres.
Y es que, la Fiscalía Zona Norte únicamente investiga los delitos de violación a normas de trato digno al cadáver y de fraude, explicó la abogada Olivia Aguirre Bonilla, representante del colectivo.
Sin embargo, el tipo penal aplicable en este caso también es el delito de desaparición de cadáveres, previsto en el artículo 37 de esta ley y en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La especialista en derechos humanos señaló que el caso cumple con cada elemento legal, ya que la gran mayoría de los 386 cuerpos localizados el pasado 26 de junio, muchos de ellos desde el 2022, permanecen sin plena identificación.
Dijo que la ley establece que este delito es perseguido de oficio y tiene un carácter permanente mientras no se determine la identidad de la persona o el paradero de sus restos, situación que enfrentan las familias afectadas, puesto que no saben con certeza dónde están sus seres queridos ni quiénes son los cuerpos recuperados.
Sin embargo, una semana después de que se presentó la denuncia, la unidad declinó competencia y envió el caso a la Fiscalía General del Estado, bajo el argumento de que ya existían carpetas relacionadas con los hechos.
Aunque, la abogada reiteró que las carpetas de investigación que se encuentran abiertas son por los delitos de fraude y la falta de respeto al cadáver, pero no está siendo investigado el delito de la desaparición de los cuerpos.
Por ello, refirió que enviarán escritos al fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, para exigir que responda si acepta o no la competencia que la unidad especializada de la Fiscalía le transfirió.
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Aguirre Bonilla recalcó que el delito de desaparición de cadáveres tiene un impacto jurídico crucial, puesto que no prescribe mientras no exista identificación plena, lo que impediría cerrar investigaciones o justificar avances lentos bajo criterios
La abogada además enfatizó que los amparos presentados son la única vía para obligar a la autoridad a investigar con el tipo penal correcto y no fragmentar el caso, ya que consideró que se trata de cuerpos que fueron ocultados, manejados sin control y que hoy no están plenamente identificados.
