La dificultad para acceder a un empleo formal se convirtió en una de las barreras más persistentes para las personas que cumplieron una condena, una situación que impacta directamente en su proceso de reinserción social.
Zulay Abbud Esparza, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, expuso que el rechazo laboral derivado de antecedentes penales refleja un sistema que no ofrece condiciones reales para integrar a quienes concluyeron su sentencia y buscan reconstruir su vida.
La omisión de oportunidades por partes de las empresas genera un entorno discriminatorio que vulnera el derecho a la reinserción, mientras que la estructura institucional tampoco contempla mecanismos suficientes para facilitar el regreso de estas personas a la vida productiva.
Explicó que el organismo identificó vacíos en programas de acompañamiento posteriores a la liberación, pues muchas estrategias de los centros penitenciarios no se traducen en respaldo efectivo cuando la persona intenta reinsertarse, tras enfrentar prejuicios arraigados en diversos sectores sociales.
La presidenta del organismo consideró necesario revisar la percepción colectiva sobre quienes cumplieron condenas, ya que persisten estigmas que los colocan en desventaja inmediata, incluso antes de demostrar sus capacidades.
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Lo anterior, luego de que aún existen empresas que establecen como requisito la ausencia total de antecedentes penales para otorgar un empleo, una práctica que frena procesos de reinserción a pesar de que la ley reconoce que excluir por esta razón constituye una forma de discriminación perjudicial.
Al respecto, Abbud Esparza indicó que la CEDH mantiene acercamientos con empresas locales para impulsar conciencia sobre esta problemática, aunque el organismo no cuenta con facultad legal para obligarlas a contratar, por lo que el trabajo se enfoca en generar incentivos y promover entornos más incluyentes.
Dijo que la Comisión otorga un distintivo a empresas comprometidas con los derechos humanos y que este reconocimiento se entrega cada año, tras evaluar criterios precisos que buscan favorecer prácticas laborales respetuosas y libres de exclusiones injustificadas.
Señaló que, pese a la incidencia con el sector empresarial, el organismo no posee facultades para documentar qué porcentaje de compañías rechaza contratar a personas con antecedentes, debido a que no realiza monitoreos específicos sobre acciones particulares.
Sin embargo, la presidenta del organismo reiteró que la solución requiere un esfuerzo compartido entre instituciones, empresas y sociedad civil, para desmontar prejuicios y construir condiciones que permitan a quienes dejaron prisión reincorporarse a la comunidad.
