Un inmueble ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, propiedad atribuida al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quedó bajo resguardo judicial como parte de una investigación por presunto peculado agravado.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción del Estado informó que aseguró la cabaña denominada «El Rincón», un condominio situado dentro de un área natural protegida en el municipio de Ocampo, también conocido como Basaseachi, donde el bien aparece registrado a nombre del exmandatario.
El aseguramiento se realizó este viernes 16 de enero, luego de que un juez de control liberó la orden judicial correspondiente un día antes, lo que permitió a agentes de la Fiscalía ejecutar la diligencia conforme al marco legal vigente.
Durante el operativo, personal ministerial acudió a la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Ocampo, para realizar la anotación preventiva en la clave catastral, con el fin de dejar constancia formal del aseguramiento del inmueble.
De acuerdo con la información recabada en la investigación, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico, además de que forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.
La Fiscalía Anticorrupción explicó que el aseguramiento de la clave catastral constituye una técnica de investigación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, utilizada para impedir la venta, cesión o gravamen del bien mientras continúan las indagatorias.
El caso deriva de la carpeta de investigación 3050/2024, integrada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, relacionada con el presunto desvío de recursos públicos durante el periodo de gobierno 2016–2021.
La autoridad señaló que este aseguramiento no es un hecho aislado, ya que dentro de la misma carpeta se han realizado diligencias similares sobre bienes vinculados a otros imputados, incluso en entidades como Morelos, específicamente en el municipio de Tepoztlán.
Una vez bajo resguardo, el Ministerio Público Anticorrupción queda facultado para realizar diversas diligencias sobre el inmueble, con el objetivo de que el bien pueda servir para la eventual recuperación del daño patrimonial.
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Según la investigación, el monto del daño asciende a 98.6 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron desviados o utilizados de manera indebida, lo que impactó directamente al erario público del estado de Chihuahua.
La medida judicial también busca evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia del patrimonio investigado a terceros, incluidas posibles redes de apoyo integradas por familiares o exservidores públicos del mismo periodo.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que el procedimiento se realiza con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades y garantizar la restitución del daño a la ciudadanía.
